30/6/2008, lunes
Campeón

Ayer España ganó el campeonato de Europa de fútbol sin que sorprendentemente se haya desvelado todavía la contribución del gobierno melillense a este triunfo histórico de nuestra selección. Y es que como en Melilla no ocurre ningún milagro sin la oportuna intercesión del político numerario de la ciudad o de sus adjuntos correspondientes, mi emoción patriótica está a la espera de desbordarse reglamentariamente hasta que no se conozca la contribución local a esta gran victoria deportiva.

Mientras tanto mi sentimiento nacional se expande imperialmente hacia ultramar leyendo en el suplemento económico que el diario El Mundo edita los domingos la siguiente noticia: “Melilla desafía a Suez y Panamá”.

No importa lo que haya costado publicar esta información o lo que diga la oposición. Anoche los melillenses salieron a la calle a celebrar este resonante triunfo de la Autoridad Portuaria. Y, también como el entrenador de la selección, Arturo Esteban ha muerto de éxito. Un campeón.

29/6/2008, domingo
Imbroda prescindirá de su testaferro

Hoy todos los periódicos locales anuncian el propósito de Juan José Imbroda de asumir la presidencia del Partido Popular en Melilla. Aunque ha tenido el detalle estético de subordinar la asunción del liderazgo del PP al “apoyo de los militantes” (Ver diario Sur), esta cortesía era prescindible de quien dirige el partido de facto desde que, sin perder sus siglas nacionales, fue absorbido por la UPM.

Y ciertamente me parece un gesto que lo honra. Los ciudadanos respetables no ponen a nombre de personas interpuestas sus viviendas, vehículos, acciones, depósitos bancarios o cualesquiera otros derechos y propiedades, sino que asumen externamente su titularidad y soportan las consecuencias negativas que esta publicidad pudiera ocasionarles.

Y en Melilla un partido político también es un título de propiedad.

28/6/2008, sábado
El último reducto estatal del PP en Melilla

Ayer recibí un correo de un lector muy irritado. Lamentablemente la causa de su berrinche no era la lectura de este diario sino su condición de socialista inmisericorde. Y afirmo lamentarlo porque si su disgusto se lo hubiera ocasionado el residente sin descuento podría haberse serenado absteniéndose de entrar en esta publicación electrónica. El motivo que lo turbaba era la “auténtica” profesión de fe socialista que le impedía comprender que todavía ciertos afiliados o simpatizantes del Partido Popular ocuparan en la Administración del Estado determinados cargos de libre designación.

Y se refería a los casos de un director provincial de Fomento que, a pesar de su desatacada militancia en el PP, se le mantuvo en el cargo varios años después de haber conseguido Rodríguez Zapatero su primera victoria electoral, o del secretario de la Dirección Territorial del INGESA que acudió con su mujer al mitin que José María Aznar celebró en Hotel Melilla Puerto a finales de febrero de 2004 y no paró de agitar emocionado unas banderas de apoyo al ex presidente popular.

Y terminaba justificando su dogmática opinión en el carácter reemplazable de los cargos políticos o de libre designación y al despreciable trato que el PP dispensa a los socialistas melillenses relegándolos a una posición secundaria e insignificante en la política local.

No sé si mi airado comunicante conoce que la esposa del secretario provincial proaznarista –al menos, en aquellos cercanos tiempos- también fue nombrada para ocupar un puesto directivo en el INGESA. Y es que si no quieres caldo toma dos tazas.

27/6/2008, viernes
Lo que queda de España

Los inteligentes lectores que curiosean mi diario para conocer una opinión contraria al pensamiento único oficial y también los que lo utilizan como terapia contra sus frustraciones o para liberar sus emociones reprimidas ya habrán advertido mi aversión al modelo autonómico español. Mi concepto de nación es incompatible con un Estado desprovisto de competencias esenciales para garantizar la igualdad y la solidaridad de todos los ciudadanos. Y las competencias del Estado español y sus presupuestos generales son ya insuficientes para garantizar una verdadera cohesión del territorio y la unidad de los ciudadanos. El Estado asténico actual es el resultado de las cesiones competenciales que los gobiernos minoritarios del PSOE y el PP realizaron a favor de las comunidades autónomas para obtener el apoyo parlamentario de los nacionalistas. Y después vino el frenesí de los populares y socialistas que gobernaban las comunidades autónomas para conseguir el máximo nivel de autogobierno.

Por tanto es comprensible que un amigo republicano de la vieja escuela jacobina sostenga que a España ya sólo se le quedan cuatro símbolos identitarios -la bandera, la lengua, el Rey y la selección de fútbol- que los nacionalistas se han empeñado en liquidar mediante el desprecio y desconsideración de la enseña nacional, la imposición coactiva de las lenguas regionales y la exclusión del castellano, el desprestigio de la familia real y la promoción de las selecciones autonómicas.

El partido de ayer es lo que queda de España y del orgullo nacional. Y por eso el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, hubiera preferido que ganara Rusia. Espero que acabe gustándome el fútbol.

26/6/2008, jueves
Un efímero secretario técnico

Jesús Posada Moreno fue el titular del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación durante un año (29-4-1999 a 27-4-2000) y del Ministerio de Administraciones Públicas otros dos (27-4-2000 a 10-7-2002). Pero el departamento y la duración del cargo le resultaron indiferentes porque, según confesó el político popular, lo verdaderamente importante no era haber formado parte del gobierno sino disponer para siempre de una tarjeta de visita que expresaba su condición de ’ex ministro de España’.

Y quizás un funcionario del Ayuntamiento opine como Jesús Posada y considere también más valiosa la simple mención en su expediente del cargo ostentado durante un momento que su efectivo desempeño. O no. El pasado 13 de mayo publicó el BOME el nombramiento de Joaquín Antequera Sánchez como secretario técnico de la Consejería de Medio Ambiente y el 6 de junio se leía en el mimo periódico oficial su cese por dimisión por motivos personales.

Sin embargo, yo creo que realmente el funcionario tuvo vértigo. Y es que algunos papeles provocan náuseas; otros, pérdidas del equilibrio; y unos pocos, la inconsciencia o la dimisión.

25/6/2008, miércoles
No hay otra cosa de que hablar

Anteayer Miguel Marín exigía al PSOE que definiera su posición en la cuestión autonómica y se pronunciara públicamente si apoyará la reforma estatutaria y la conversión de la ciudad en comunidad autónoma (Ver www.infomelilla.com). Y ayer Dionisio Muñoz declaró en Radio Nacional que “no vamos a tirar a la basura un Estatuto consensuado que llevó quince años porque la UPM piense que son los elegidos de los dioses para esta reforma que no sé quien reclama” y que una ciudad de 65.000 habitantes necesita “mas Ayuntamiento y menos discurso autonómico, que sólo se hace para satisfacer las apetencias de algunos responsables políticos” (Ver diario Melilla Hoy).

Aunque parece que el requerimiento de Marín ha sido cumplimentado por el secretario general de los socialistas melillenses en el sentido de considerar improcedente la revisión del régimen jurídico-político de la ciudad, quizás hubiera sido conveniente una mayor determinación del PSOE en su negativa a estimular las veleidades antiestatales de los dirigentes populares y las ambiciones nacionalistas de CpM.

En España existen muchos Ayuntamientos que carecen de recursos humanos, técnicos y económicos para prestar adecuadamente los servicios públicos de competencia municipal y, a tal efecto, son asistidos y auxiliados por las Diputaciones, los Cabildos o los Consejos insulares que, también, ejercen competencias en materia de obras y servicios supramunicipales.

Sin embargo, en Melilla se pretende hacer creer que su Ayuntamiento goza de la capacidad de gestión necesaria para convertirse en una comunidad autónoma similar a las de las regiones españolas. Y, naturalmente, esto es una falacia. Unas ciudades con la población, superficie, dimensión, riqueza y localización geográfica de Melilla y Ceuta no pueden aspirar a superar su estatuto municipal. Si para la elaboración, redacción y revisión del Plan General de Ordenación Urbana el gobierno local ha convocado un concurso para contratar una empresa por importe de 700.000 euros o en Ceuta se recurrió a los servicios de una consultora para conocer sus necesidades financieras, parece obvio que ambas ciudades no tienen aptitud suficiente para atender siquiera sus necesidades más elementales salvo que, por supuesto, se privatice la gestión de los Ayuntamientos. Todo se puede comprar con el dinero de los demás.

24/6/2008, martes
Otras avalanchas de inmigrantes

La regularización de inmigrantes ilegales ordenada en 2005 fue un error ejemplar del primer gobierno de Zapatero al adoptar por su cuenta y riesgo una medida extraordinaria que afectó de forma muy negativa a otros países europeos a los que después solicitó su cooperación para luchar contra el tráfico de personas. Y, ya sea para enmendar la inconfesa equivocación o porque la situación es realmente grave, después de esta acción unilateral España se ha convertido en uno de los Estados miembros de la Unión Europea que más ha endurecido la política de inmigración.

En aquel año de 2005 el Partido Popular difundió exitosamente la expresión “efecto llamada” para aludir a la consiguiente entrada masiva de inmigrantes atraídos por la generosa concesión de residencia legal por las autoridades socialistas. Y aunque es cierto que entonces se constató un incremento de la afluencia extranjeros irregulares, el mayor control de la inmigración ha invertido esta tendencia y, actualmente, en ningún caso puede sostenerse que en nuestro país exista el llamado “efecto llamada”.

Sin embargo, los dirigentes del PP de Melilla han desarchivado las instrucciones y circulares internas que hace tres años el partido cursó a las provincias para reproducirlas otra vez en los mítines institucionales y en los mensajes publicitarios que insertan en los medios de comunicación. Así se explica que Imbroda atribuya ahora al mismo “efecto llamada” de la regularización de 2005 las dos últimas avalanchas de subsaharianos que colapsaron la frontera de Beni-Enzar (Ver diario Melilla Hoy) o que El Barkani reclame al gobierno central una rectificación (¡) de la política de inmigración (Ver www.infomelilla.com).

Como parece evidente que los dirigentes populares sólo leen lo que dicen y que el partido no ha estado últimamente para actualizar las consignas a las organizaciones territoriales, sería deseable que María Dolores de Cospedal pusiera al día a sus correligionarios melillenses para evitar que a alguien se le ocurra mañana reivindicar las competencias en materia inmigratoria.

23/6/2008, lunes
Unos perros molestos

La Ley 8/1975, de 12 de marzo, de Zonas e Instalaciones de Interés para la Defensa Nacional dota a las instalaciones militares de unas zonas de seguridad con el fin de garantizar su aislamiento (zona próxima) y la actuación eficaz de los medios instalados (zona lejana). Las zonas próximas de seguridad tendrán generalmente una anchura de 300 metros que podrá reducirse hasta el límite estrictamente indispensable si la instalación se hallara en el interior de poblaciones o zonas urbanizadas.

En las zonas próximas de seguridad no pueden realizarse, sin autorización del Ministerio de Defensa , obras, trabajos, instalaciones o actividades de clase alguna, salvo las que permita el Ayuntamiento para aprovechamientos agrícolas o forestales, excavaciones o movimientos de tierra y construcción de cercas o setos, casetas o barracones de carácter temporal y conducciones de líneas telegráficas, telefónicas y de transporte de energía eléctrica, siempre que inequívocamente no obstaculicen las finalidades militares de la propia zona.

El pasado 20 de junio una vecina criticaba las molestias que le causaba la perrera ubicada en el interior de la Base militar “Alfonso XIII” “justo en la zona que colinda con las viviendas de la Urbanización Miró” (Ver diario Melilla Hoy). Y desde entonces me encuentro bastante perplejo porque no acierto a responder a algunas preguntas: ¿No tiene el acuartelamiento la preceptiva zona de seguridad? ¿Es una zona de seguridad reducida? ¿Autorizó el Ministerio de Defensa la construcción de las viviendas contiguas a la Base? ¿Las licencias de obras respetaron las limitaciones impuestas por la ley en la zona de seguridad?

“Yo solo sé que no sé nada” ha afirmado un sabueso un poco socrático.

22/6/2008, Domingo
El descontrolado “Plan Imbrodetxe”

En un envite sin precedentes en la historia de la Asamblea, Juan José Imbroda intentó neutralizar a la oposición aceptando que se aprobara el proyecto de Estatuto de Autonomía propuesto en su día por Coalición por Melilla. Este gesto pueril, irresponsable y exhibicionista del presidente destinado realmente a quebrantar la unidad entre el PSOE y CpM se está volviendo en su contra y ocasionándole unos efectos secundarios políticamente indeseables.

El pasado 31 de mayo Imbroda contestó a Mustafa Aberchán que «el día que se pueda» de la siguiente semana se convocaría una Comisión de Presidencia para aprobar el texto de reforma del Estatuto elaborado por CpM (Ver diario Sur) y, entonces, “el PSOE se tendrá que mojar” porque se trata de “una patata caliente que los socialistas tienen encima de su mesa” (Ver diario Melilla Hoy).

Pues bien, ha transcurrido un mes desde que el alcalde perpetró su enésima frivolidad autonómica y la reforma estatutaria continúa siendo el pretexto argumental para combatir la desigualdad de los melillenses, sostener unos cuantos altos cargos y otros tantos asesores y despilfarrar los recursos de la ciudad. Por eso y porque el alarde del presidente no ha conseguido dividir a la oposición, el borrador presentado por CpM no ha sido aprobado ni considerado ni examinado por ningún órgano de la Asamblea.

Por tanto, es comprensible que ahora Dionisio Muñoz exija a Imbroda el cumplimiento de su compromiso público y “si no lo hace, deberá reconocer que se ha equivocado, que tuvo un exceso verbal y, por lo tanto, desdecirse y empezar a caminar en la dirección correcta, que tiene que ser la del diálogo sereno, reflexivo y con ánimo de buscar consenso" (Ver diario Melilla Hoy).

Parece evidente que el diputado socialista sólo actúa movido por una aversión personal contra el líder popular de la ciudad. Si todos los melillenses conocen ya el alto concepto de honor que Imbroda tiene de sí mismo y que “Él nunca miente” (Ver diario Sur), su infidelidad a la palabra dada sólo puede ser consecuencia de la conjura antiimbrodista internacional que atenta contra los intereses de su familia y de Melilla. Normal.

21/6/2008, sábado
El honor de los políticos (y 3)

El derecho al honor y las libertades de expresión e información son bienes constitucionales cuya constante colisión ha permitido al Tribunal Constitucional elaborar unos criterios básicos de solución a este irremediable conflicto:

a) El objeto de la libertad de expresión es la formulación de pensamientos, ideas y opiniones y, por tanto, su legítimo ejercicio es libre, sin censuras y sin cortapisas.

b) Por el contrario, la libertad de información se refiere a hechos o noticias en las que ha de concurrir dos presupuestos esenciales: su veracidad y su interés general.

El concepto jurisprudencial de veracidad no se identifica con una realidad incontrovertible o indiscutiblemente verdadera, sino que basta con un indicio significativo de probanza compatible con errores circunstanciales o datos incompletos. Sin embargo, la transmisión de suposiciones, meras invenciones, insinuaciones insidiosas, noticias gratuitas o infundadas, o simples rumores carentes de toda constatación no se reputarán nunca veraces.

El interés general es una condición común a ambas libertades y exige que los hechos difundidos o las opiniones vertidas se refieran a asuntos de interés público o a personas que desempeñen cargos públicos, posean notoriedad pública o resulten implicadas en asuntos de relevancia pública.

c) El ejercicio de tales libertades no ampara la expresión de frases injuriosas,  insultantes o difamatorias, pues, en ningún caso, aquellas comprenden el derecho a insultar.

d) El concepto y alcance  del posible o aparente insulto debe ser matizado en los casos de polémica, por razón del contexto  y si el sujeto es personaje de proyección pública. Estas tres circunstancias permitieron que la sentencia de Tribunal Supremo de 4 de junio de 2001 no apreciara excepcionalmente una lesión en el honor de una alcaldesa que fue tachada de "corrupta, subnormal y mentirosa” en un acalorado pleno municipal al considerar que tales excesos verbales han ido haciéndose habituales en cierto lenguaje político al que los ciudadanos se han acostumbrado y al que los propios destinatarios tampoco conceden especial trascendencia cuando ejercen un cargo público.

Parece lógico que, conforme proclama nuestros tribunales, cuando una persona ha optado libremente por realizar una actividad de proyección pública la protección del honor disminuya, la de la intimidad se diluya y la de la imagen se excluya. Y en el ámbito de la política esta prevalencia de las libertades de expresión e información es un presupuesto básico para la formación y existencia de una opinión pública libre, la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y el funcionamiento del sistema democrático.

Sin embargo, algo tan radicalmente obvio en las sociedades democráticas no es compartido por Juan José Imbroda. Para éste es necesaria una mayor salvaguardia judicial del honor de los políticos porque, según parece insinuarse de sus palabras, parte del conocido concepto de la honorabilidad aparente –la que se atribuye sea o no acorde con sus verdaderos actos- que obligaría a tutelar la reputación que cada persona tuviera de sí misma. Y la que indudablemente se atribuye nuestro presidente tiene una dimensión casi divina porque su solicitud de extremar el amparo de su honor se inspira en las tesis meritocráticas que vinculan este derecho de la personalidad al prestigio y posición social de los ciudadanos.

Y el honor de un alcalde-presidente de Melilla y senador del Reino de España es de carácter sobrenatural y, como sugiere el anuncio publicitario, no tiene precio. La indemnización de seiscientos euros que ha de abonarle Mustafa Aberchán es sólo una broma de mal gusto.

20/6/2008, viernes
El honor de los políticos (2)

Y, como las grandes folclóricas, un político de rompe y rasga. Con un temperamento vehemente y excitable, una inevitable tendencia utilitarista, unas indudables dotes para la improvisación y una prepotencia despiadada, Juan José Imbroda presenta un perfil caracteriológico evidentemente reacio a la censura y al análisis crítico.

Por eso es comprensible su necesidad vital de determinar el sentido de la información política y contener las opiniones discrepantes a su gestión mediante el control absoluto de unos medios de comunicación financiados económicamente por el Ayuntamiento. Y por eso también es entendible que durante su implacable oposición al presidente Ignacio Velázquez no postulara una ampliación de los límites del derecho de honor de los políticos y, sin embargo, ahora defienda una restricción de la libertad de expresión e información sobre las materias que afectan a los cargos públicos.

Naturalmente, la protesta de Imbroda ante los jueces fue interpretada como una salvajada antidemocrática y una impertinente recomendación. Ningún alcalde o parlamentario español se hubiera atrevido en un foro jurídico a proponer la limitación de unas libertades constitucionales para que puedan prosperar las acciones judiciales promovidas en defensa del honor de los políticos, salvo, por supuesto, nuestro inteligente y audaz alcalde y senador, quien, casualmente, sostiene en los Juzgados melillenses una interminable guerra contra los políticos de la oposición para garantizar su inmunidad personal.

La magnitud del disparate pronunciado por Juan José Imbroda sólo puede aprehenderse conociendo otras opiniones más autorizadas y la doctrina de nuestros tribunales. El reciente vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que “los políticos democráticos tenemos que aceptar lo que se diga bueno y lo que se diga malo" porque "para eso estamos en el centro de la arena pública, en nuestro oficio o vocación está el aceptar que se nos halague pero muchas veces también que se nos insulte". También cree el diputado valenciano que "el honor de los políticos debe reducirse lo mínimo posible para que la crítica política sea posible", estableciéndose los límites en el respeto de las familias y de la vida privada ( Ver diario Público).

Si estas palabras son ilustrativas de los términos exactos en que ha de desenvolverse en un Estado democrático el conflicto entre la libertad de expresión e información y el derecho de honor, cuando conozcamos la doctrina elaborada por el Tribunal Constitucional al respecto descubriremos el verdadero alcance de la tesis formulada por Imbroda e inspirada por su inseparable asesor jurídico.

19/6/2008, jueves
El honor de los políticos (1)

Juan José Imbroda pertenece a una raza de políticos en vías de extinción. Es seguro que algunos jóvenes creen que Imbroda ha sido siempre el presidente de la ciudad y probable que los más mayores no recuerden la actividad laboral que aseguraba su subsistencia porque ya lo hayan olvidado o nunca lo supieron con exactitud. Y es que parece que la historia de Melilla comienza cuando Imbroda se interesa por ser su alcalde y, ciertamente, este hecho aconteció hace tanto tiempo que ahora sólo podría documentarlo un historiógrafo profesional.

El ejercicio inmemorial de Imbroda como concejal, diputado y alcalde y sus sucesivos éxitos electorales lo acreditan como un político brillante. Es posible que muchos no soporten su personalidad autoritaria, sus decisiones populistas y su desprecio público hacia los opositores que reiteradamente aplasta en las elecciones locales. También pudiera ser que otros consideren que sus actuaciones políticas no se fundamenten en unos sólidos principios ideológicos personales sino en un práctico y eficaz oportunismo. Y, finalmente, algunos pensarán que las proyectadas alteraciones del régimen estatutario, administrativo y competencial de Melilla no responden a un determinado modelo de ciudad sino a la aspiración totalitaria del presidente de concentrar todos los resortes del poder y a su particular manera de ejercerlo.

Pero también todas estas circunstancias han permitido que Imbroda se convierta en un político sobresaliente. Solo él tiene la suficiente seguridad y osadía para reclamar un reforzamiento judicial de las medidas de protección del honor de los políticos ante un auditorio integrado por magistrados (Ver diario Melilla Hoy) y cuando, precisamente, en los Juzgados de la ciudad se tramitan algunos procedimientos promovidos en defensa de su honor.

Sin duda, es un político de tronío.

18/6/2008, miércoles
Escoba nueva, barre bien

En Ceuta ha suscitado una tensa polémica política la entrega del premio de la “Escoba de Plata” ( Ver diaro Sur). Según la exigua oposición socialista, el gobierno ceutí ha pagado 12.000 euros a la empresa que este año ha otorgado este galardón a los municipios cuyo saneamiento urbano realiza FCC, sin que, por cierto, figure entre los mismos nuestra muy autonómica ciudad.

Y la insolente memoria del residente sin descuento ha evocado un episodio similar que sucedió en el mes de de noviembre del excitante año de 2005. La sufrida concejal socialista Celia Sarompas acusó a Guillermo Merino “de haber estado 13 días y 15 noches de vacaciones en Madrid con todos los gastos pagados gracias a las arcas públicas de la ciudad” ( Ver www.meliya.com del 18/06/2008 ), y, entonces, el viceconsejero de Medio Ambiente alegó en su defensa los siguientes argumentos filosóficos: se ha puesto en entredicho su honorabilidad; se le ha acusado de un delito sin pruebas; Sarompas es una política de pacotilla que no sabe leer los papeles; sólo estuvo en Madrid nueve días para asistir al Congreso Nacional de Parques y Jardines y a la feria Tentecma donde la Ciudad Autónoma recogió la Escoba de Plata; la socialista Ana Mansilla también se ha subido al carro de la corrupción; el gobierno local se ahorró casi la mitad del coste del viaje porque “del 1 al 4 de junio del año pasado una empresa costeo el alojamiento con lo que el gasto total, una vez hechas las devoluciones, se redujo hasta 1.289 euros” ( Ver diario Melilla Hoy 17/11/2005 ).

Si Melilla también recibió una “Escoba de Plata”, ya se pueden imaginar la naturaleza y finalidad de este premio que resulta tan costoso para los Ayuntamientos. Y es que nunca fue tan cierto el refrán que titula este comentario porque nunca estuvo la ciudad estuvo tan insoportablemente sucia.

17/6/2008, martes
En el paraíso sólo hay silencio

El gobierno local continúa rellenando su vacío existencial con proclamas autonomistas, discursos triunfalistas y anuncios intimidatorios. En el paraíso melillense no importa la suciedad, la imprevisión urbanística, el exceso de hormigón, la venta ilegal, la superabundancia de funcionarios, el exceso de personal de confianza, la desorganizada ejecución de obras en la vía pública, el acoso laboral, la discriminación cultural, la proliferación de contratos de servicios, el insulto al discrepante, el frustrado convenio con Balearia, la desmesurada concesión de subvenciones, la financiación municipal de los medios de comunicación, el control de la ciudad por una familia, los magistrados sospechosos…; en nuestra ciudad la única preocupación que oficialmente debe inquietar a los melillenses es la reforma del Estatuto de Autonomía. Y, por supuesto, la indemnización por residir en el paraíso melillense.

Por eso es comprensible que el gobierno haya demandado a Dionisio Muñoz por hacer pública la explicación socialista al frustrado intento del gobierno popular de eximirse de la tutela estatal en materia de urbanismo. Según el consejero de Fomento, el Ayuntamiento ha interpuesto una demanda contra aquél por afirmar que la reivindicación de las competencias urbanísticas permitirá “legalizar las mil y una vulneraciones" del Plan General de Ordenación Urbana ( Ver diario Melilla Hoy ), cuando toda la ciudad conoce que su gobierno se caracteriza por su rigor en el cumplimiento de la ley.

Y es que en el paraíso melillense no debieran existir juzgados que revisaran la actividad de la Administración local sino un Tribunal de Responsabilidades Políticas y otro de Orden Público que impida a los disidentes perturbar el silencio impuesto en Melilla desde hace ocho años.

16/6/2008, lunes
Los sueldos del Plan de Empleo

La finalidad de los planes de empleo es desarrollar actuaciones de interés general mediante la ocupación de trabajadores desempleados pertenecientes a colectivos de difícil inserción laboral. No se trata de crear más empleo público o de contratar un personal específico para la ejecución de obras y servicios locales, sino de procurar el desarrollo formativo y laboral de algunas personas con grandes dificultades para encontrar un trabajo. Y, también, garantizarles la percepción de unos ingresos mínimos y el acceso a futuras prestaciones asistenciales.

Este carácter social es tan obvio que la contratación de los trabajadores no se realiza a través de los procedimientos ordinarios para la cobertura temporal de las plazas de la Administración municipal, sino que se articula un sistema y se establecen unas bases específicas para la selección de los candidatos que hayan de ser incluidos en los planes de empleo. Por ello, la sugerencia del Ayuntamiento de reducir las retribuciones asignadas a estos puestos de trabajo debiera ser estimada. La actividad laboral desarrollada por los trabajadores de los planes de empleo no puede ser equiparada a la de las empresas privadas porque difieren radicalmente en su contenido, desempeño y fines. Y, además, si las empresas melillenses ya sufren los inconvenientes de disponer de una mano de obra que sólo aspira a ingresar en la Administración Pública, la valoración económica igualitaria de los puestos de trabajo del sector privado con los ficticios de los planes de empleo acentuará aún más el rechazo de los trabajadores a integrase en un mercado laboral incapaz de mejorar los salarios y las cómodas condiciones de trabajo que ofrecen unos planes que hasta ahora sólo han servido para fomentar el clientelismo político.

Sin embargo, existe un grave obstáculo que impide que prospere la propuesta del Ayuntamiento. Nuestros gobernantes carecen de autoridad moral para reclamar una disminución o congelación salariales e instar la reforma de unos planes de empleo convertidos en el engranaje principal de su maquinaria electoral.

15/6/2008, domingo
Coalición por Melilla es ya Izquierda Unida

No creo que haya alguien en Melilla que, teniendo un conocimiento básico de las ideas políticas, sostenga que CpM es un partido de izquierdas. O, para ser más exacto, un partido de la izquierda extrema europea. Y lo califico con este superlativo no porque considere que IU sea una organización fanática, revolucionaria o subversiva si no porque, copiando el mismo término que sus documentos internos, programas electorales y representantes utilizan para referirse eufemísticamente al Partido Popular –derecha extrema-, resalto el carácter radical, residual y obsoleto de un batiburrillo ideológico repleto de contradicciones y contraindicaciones.

Y, obviamente, la federación de CpM a la plataforma que nació en 1986 como alternativa antisistema acentúa estas incoherencias. Si Coalición por Melilla es un partido con una raíz cultural de profundas implicaciones religiosas e IU postula que la religión no forme parte del horario del lectivo y salga de la escuela, desde ahora debiera CpM reivindicar que tampoco se enseñe el islamismo en los colegios.

Es seguro Aberchán no aludirá a esta cuestión y que Gaspar Llamazares soportará cualquier otra incongruencia que le sirva para continuar dirigiendo IU y combatiendo al Partido Popular.

14/6/2008, sábado
El honor del alcalde

El Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 ha condenado a Mustafa Aberchán a reparar el honor de Juan José Imbroda mediante el pago de una indemnización de 600 euros. Es necesario precisar que esta exigua cantidad no significa que el honor del alcalde carezca de valor o que a algunos les resulte más rentable mancillarlo que a otros, sino que el juez ha considerado que en este concreto caso la lesión ha carecido de entidad suficiente para conceder los 6.000 euros que reclamaba el ofendido.

Aunque sin conocer todavía el texto íntegro de la sentencia no puede hacerse una valoración mínimamente rigurosa y objetiva de este conflicto entre libertad de expresión o información y el derecho al honor, existen dos datos cuya certeza permite introducirnos ya en los antecedentes de la cuestión. En primer lugar, Imbroda no ha utilizado la vía penal que nuestro ordenamiento jurídico prevé para sancionar las conductas más graves contra el honor de la personas, sino que, por no considerar delictivas las expresiones de Aberchán o por los motivos que haya estimado convenientes, entabló una demanda civil para resarcirse mediante una indemnización económica, sin que, por tanto, pueda reprochársele a aquél que cometió un delito o profirió unas injurias.

Y, en segundo término, no debe obviarse que, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, sobre el honor de los políticos prevalecen la libertad de expresión e información en los asuntos de interés general o de relevancia pública y el derecho a la crítica legítima de los personajes públicos en el debate político.

Según estos presupuestos jurisprudenciales y la información publicada sobre el pleito ( Ver www.infomelilla.com ), Aberchán no debió ser condenado a pagar ningún euro, salvo, por supuesto, que fuese de aplicación supletoria al caso el principio general que inspira el conocido refrán municipal: cuando se mueve el alcalde, no se mueve en balde.

13/6/2008, lunes
Se puede vivir sin ellos

Las tareas que me han tenido ocupado esta mañana y el plácido desinterés que me ha embargado durante la tarde impiden que el diario consigne hoy el acontecimiento autonómico que impulsará el desarrollo imparable de Melilla, la impertinente declaración del político de guardia o el correspondiente recuerdo afectuoso a nuestro infalible presidente. Y es que he pasado un día tan delicioso que incluso he olvidado comprar la entrada al homenaje de Javier Imbroda.

Mañana hablaremos del gobierno.

12/6/2008, jueves
La gestión de una ciudad

Ayer atribuí la reiterada y atosigante reivindicación de más autonomía a una concreta avidez de poder personal, al desprecio de los altos cargos por los asuntos domésticos y a la incompetencia de la oposición para orientar la actuación administrativa de la ciudad. Sin embargo, a esta relación de causas del exacerbamiento político del gobierno local le faltaba otra no menos importante que descubrí leyendo el último Boletín Oficial de Melilla: el gobierno no tiene proyectos.

En efecto, resulta sumamente esclarecedor que nuestro multitudinario Consejo de Gobierno se entregue afanosamente a quedar enterado de las sentencias recaídas en innumerables procesos judiciales y personarse en otros tantos, y, sin embargo, en su orden del día no figuren apenas propuestas que afecten a los servicios públicos locales y al desarrollo de la ciudad ( Ver BOME en www.melilla.es).

Acaso la razón de esta dejación de funciones sea la triunfalista consecución del 70% de los objetivos previstos en su programa electoral en sólo cien días (Ver diario Sur) y nuestros gobernantes hayan anticipado sus vacaciones para reponerse a tiempo de la primera regata de la Semana Náutica.

En cualquier caso, hay que felicitarlos por la excelente propaganda oficial que ha conseguido convertirlos en incasables trabajadores al servicio de una ciudad que reprueba la holgazanería de Dionisio Muñoz. Y es que están hechos de otra pasta.

11/6/2008, miércoles
Un partido enloquecido

La prioridad política de los populares melillenses es actualmente la aplicación del “Plan Imbrodetxe” (máximo autogobierno, modificación del régimen jurídico de la ciudad y presencia en las cumbres internacionales entre España y Marruecos) porque la extensión del poder personal e institucional de su indiscutido caudillo se ha convertido en el único dogma de un partido articulado para satisfacer una insaciable ambición familiar. Y, además, porque ya se aburren con los asuntos municipales y una desorientada –y, a veces, profundamente ignorante- oposición que se extravía en el laberinto administrativo de la organización municipal.

Y ésta disparatada estrategia de ruptura con el Estado ha enloquecido a los políticos más próximos a Imbroda. Es seguro que Daniel Conesa todavía provoca en muchos telespectadores la impresión de hallarse ante el vicepresidente provincial de ASAJA o cualquier otra organización de agricultores y ganaderos. Incluso su fisonomía rural me resulta todavía incompatible con el discurso crispado, colérico y radical que lo ha especializado como portavoz del gobierno local. Por eso, sus últimas palabras expresadas en nombre de Melilla –y no del Ayuntamiento- para asegurar que la ciudad no se siente bien representada por el gobierno de la nación ( Ver www.infomelilla.com), parecían proceder más bien del extraterrestre político con orejas puntiagudas que desbarra por el norte de España, que del paciente labrador que aparenta o el consejero atípico que recoge a sus hijos del colegio o compra el pan diario a la vista de todos los melillenses.

Es necesario que algún responsable del Partido Popular ponga fin a esta peligrosa pendiente resbaladiza hacia el desastre para evitar que un día cualquiera los sentimientos de la mayoría de los españoles hacia Melilla coincidan con los que Conesa afirma experimentar hacia el gobierno de aquéllos.

Para mi descargo les aseguro que voté al PP hasta que se convirtió en un club de criollos.

10/6/2008, martes
El “Plan Imbrodetxe” y el complot antimelillita

Para desmentir el comentario de ayer sobre la falta de curiosidad de los melillenses por conocer la intrahistoria judicial de nuestra ciudad, un indiscreto lector me comunica que hace pocos días un conocido sujeto esporádicamente relacionado con el poder judicial estuvo invitado en casa de otro más conocido sujeto habitualmente perseguido por el poder judicial que celebraba una fiesta familiar. Aunque ya parece que éstas son cuestiones de vecinos, el director de EL PERIODICO MELILLENSE me recomienda insistentemente guardar silencio sobre los asuntos relacionados con la justicia en una ciudad tan proclive a la represión de la libertad de expresión.

Por eso, no tengo más remedio que seguir combatiendo el “Plan Imbrodetxe”. Es cierto que la reivindicación de más autogobierno, la alteración del régimen administrativo de Melilla y su participación en las reuniones internacionales con Marruecos son los mismos aborrecibles argumentos con que desde el año 2004 el gobierno local pretende irresponsablemente liquidar la estructura del Estado en nuestra ciudad que, aunque nadie lo recuerde, articuló y consolidó los gobiernos de José María Aznar. Y también es cierto que esta estrategia no tendrá nunca éxito porque el verdadero Partido Popular nunca tuvo durante los ochos años que gobernó España la disparatada pretensión postulada ahora por Juan José Imbroda ni nunca consentirá que Melilla se convierta en una pesadilla para los melillenses y todos los españoles.

Pero, mientras que el PP lo considere útil para hostilizar al gobierno socialista, el “Plan Imbrodexte” continuará invocándose y aumentando la división de los melillenses. Y es que, remedando la táctica victimista y excluyente del lendakari, el consejero de Presidencia anuncia ahora la existencia de un “complot” del PSOE, CpM e IU contra Melilla ( Ver diario Melilla Hoy) que, otra vez, pone en evidencia la concepción patrimonialista de la ciudad del grupo melillita de la extinta UPD que controla el Partido Popular.

No existe ningún otro proyecto posible ni una alternativa válida al modelo caudillista de ciudad que propone Imbroda. Si nadie puede disentir de su plan neonacionalista porque él encarna la ciudad misma y su destino universal, las opiniones discrepantes son entonces el resultado de una conspiración interesada de unos enanos mentales que debieran marcharse de Melilla.

Ésta fue precisamente la sanción moral que Arturo Esteban propuso a Mustafa Aberchán y motivó el comentario del día 4 de julio de al año pasado ( Ver melillense.info).

Y parece que se anuncian nuevos autos de fe.

9/6/2008, lunes
Los jueces no tienen vecinos

Con este titular Ignacio Camacho exponía ayer en su extraordinaria columna diaria del ABC la violación ética cometida por la presidenta del Tribunal Constitucional al “ofrecer su asesoría espontánea” a una abogada sospechosa de haber ordenado asesinar a su marido ( Ver diario ABC ).

Si el periodista supone que el respingo que hubo de dar el guardia civil que escuchaba la conversación telefónica “debió ser de aquí te espero”, ya se pueden imaginar ustedes el costalazo que despabiló al agente de nuestra Benemérita cuando oyó las amistosas negociaciones de un narcotraficante con dos magistrados de la celebérrima Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga que a algún descerebrado se le ocurrió desplazar a Melilla.

Y es que si estas cosas pasan con los vecinos, las que pueden ocurrir con los amigos son insospechadas… para quienes no tengan curiosidad. Y en Melilla hay unos pocos.

8/6/2008, domingo
La deslealtad personal e institucional de Imbroda al Estado (y 2)

El siguiente motivo que induce a recelar de la sinceridad de Imbroda es más evidente porque no resulta creíble que un ministro socialista exhiba estas intimidades políticas ante un alcalde popular que opone una resistencia irracional a cualquier proyecto nacional. Las deplorables relaciones institucionales entre los gobiernos central y local no parece que favorezcan un ambiente propicio a la confesión de secretos de Estado. Si, al contrario que el presidente ceutí, Imbroda mantiene una actitud hostil al gobierno socialista que le ha granjeado la desconfianza de Rodríguez Zapatero y sus ministros, no resultaría lógico que Jordi Sevilla cometiera la torpeza e indiscreción de explayarse con un alcalde desleal y escasamente colaborador.

Y precisamente Juan Vivas ha realizado una declaración que corrobora la improbabilidad de que el ministro se sincerara con Imbroda sobre los condicionantes externos de la autonomía melillense. La tercera razón que obliga a desmentir a éste la ha proporcionado el alcalde de Ceuta al declarar que “él nunca habló sobre ese tema con el ex ministro” (Ver Ceuta al día ), sin que, por tanto, sea creíble que sí lo haya hecho con nuestro malquerido presidente.

Sin embargo, la confirmación científica de su falta de credibilidad ha sido certificada por el propio Imbroda cuando, al negarse a admitir el desmentido de Jordi Sevilla, aseguró teatralmente que “él nunca miente” ( Ver diario Sur).

A las obras de Enrique Jardiel Poncela -“Los ladrones somos gente honrada”- y Alfonso Paso –“Vamos a contar mentiras”- se une ahora la ópera prima de Juan José Imbroda: “Los políticos nunca mienten”.

Es seguro que, previa subvención de su autor, será representada próximamente por el grupo de teatro Concord.

7/6/2008, sábado
La deslealtad personal e institucional de Imbroda al Estado (1)

Creo que fue el ministro Joaquín Garrigues Walker el que justificó que hubiera de guardarse el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros para evitar que los españoles hicieran las maletas y abandonaran el país. Esta explicación anecdótica pretendía poner de relieve que, sin perjuicio de las decisiones adoptadas, los miembros del gobierno discutían sobre asuntos triviales o expresaban frivolidades cuya confidencialidad estaban obligados a mantener para garantizar la solemnidad de las sesiones y la dignidad de los ministros.

La evocación de este ingenioso comentario del extraordinario político de la UCD viene a cuento de una insólita delación política perpetrada por Juan José Imbroda. Y es que nuestro alcalde manifestó en el reciente pleno de control a su gobierno que el ex ministro socialista de Administraciones Públicas le había desvelado que la oposición de Marruecos impedía que Melilla se convirtiera en comunidad autónoma.

Estas palabras de Jordi Sevilla pueden ser ciertas o falsas o supuestas o expresadas, pero en todo caso su revelación constituiría una alevosa traición de una autoridad española a la confianza de un ministro de España y una ligereza en el tratamiento de los asuntos de Estado. Eso, naturalmente, si fueran verdaderas, porque si son inventadas significarían otra cosa todavía peor.

Y mis sospechas apuntan a que efectivamente Imbroda falseó la realidad por cuatro razones. La primera es una concreción del incuestionable argumento de Garrigues Walker a las reuniones celebradas entre Imbroda y Sevilla. No me parece que los diálogos de Sevilla e Imbroda versaran sobre cuestiones de alta política nacional e internacional porque la discreción del primero es incompatible con esta clase de peligrosas confidencias y la superficialidad ideológica del segundo sólo le ha permitido argumentar a favor de la autonomía con la simpleza de que los melillenses deben ser iguales a los demás españoles. Y esta necedad política no se refuta invocando unas presuntas presiones marroquíes o la futura ruptura del actual equilibrio en la zona sino con otra respuesta mucho más simple: los derechos de los melillenses son indiferentes a la distribución de competencias entre el Estado y la ciudad.

La segunda razón es todavía más obvia y la tercera y la cuarta confirman las anteriores. .

6/6/2008, viernes
IX Año Triunfal

La casualidad o la fatalidad históricas han convertido el 17 de julio en una fecha simbólica para nuestra ciudad. Ese día se alzó el ejército en Melilla en 1936 y comenzó la guerra civil española; y ese mismo día del año 2000 el pleno de la Asamblea nombró por primera vez a Juan José Imbroda presidente de la ciudad.

Es probable que estas coincidencias cronológicas sean interpretadas por algunos analistas esotéricos como la consecuencia de una conjunción astral o la aplicación práctica del principio de que todo lo que empieza mal termina peor, pero les aseguro que el residente sin descuento ha establecido involuntariamente esta conexión temporal al leer en la prensa el victorioso discurso de Imbroda que glosaba los objetivos alcanzados en los nueve años de “transparencia, honestidad y honradez” ( Ver diario El Telegrama).

El presidente concentró a todo el gobierno en el Parador Nacional para leer una memoria de las actividades realizadas por el Ayuntamiento durante el último año y, aunque parece que realmente pretendió organizar una presentación moderna y efectista, la cutre escenografía, la falta de obras o actuaciones públicas espectaculares y los pobres resultados expuestos provocaron en algunos de los presentes cierto regusto agridulce e insatisfactorio.

No obstante, y sin perjuicio del coste económico de este acto publicitario, es preciso constatar la permanente preocupación de Imbroda por presentarse ante los ciudadanos con un liderazgo sólido y una gestión solvente y, correlativamente, proyectar una imagen de pasividad e ineficacia de la Delegación del Gobierno que algunos terminarán creyéndose porque su titular parece, además de muy educado y bondadoso, mudo e invisible.

Y es que Imbroda sabe que los únicos que han de permanecer en sus oficinas son los funcionarios. Los políticos tienen que hacer la calle, mostrarse atractivos y venderse a su público porque también la suya es una de las profesiones más antiguas de la humanidad.

5/6/2008, jueves
De españoles antiguos y nuevos y melillenses de otra dimensión

No es preciso consultar a la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas para saber que los políticos incultos también pueden ocupar altos cargos e incluso ganar unas elecciones por mayoría absoluta. La ex ministra de Cultura socialista Carmen Calvo confundió la forma verbal latina “dixit” con el ratón Dixie que con su colega Pixie mortifica al gato Jinks. Y al embajador norteamericano en la ONU en 1948, Warren Austin, se le ocurrió proponer a los árabes y judíos que arreglasen sus diferencias “como buenos cristianos”.

Por eso no tiene la mayor importancia política que Juan José Imbroda haya trastocado la división entre cristianos viejos y nuevos por la que, según su versión de los hechos, existía cuando “en la España de la Inquisición se hablaba de españoles antiguos y nuevos en función del apellido” ( Ver diario Melilla Hoy 04/06/2008 ).

Siempre se ha calificado de españoles antiguos a nuestros compatriotas más retrógrados o inadaptados a los cambios derivados del progreso económico social o cultural del país, y de españoles nuevos a los jóvenes que representan un cambio generacional o, también, los que adquieren la nacionalidad española con independencia de que su apellido sea Gülcan, Levy, Moya o cualquier otro que he extraído de la últimas resoluciones publicadas en el Boletín Oficial del Estado de anteayer. En cambio, los cristianos viejos eran esencialmente quienes podían acreditar que también lo fueron sus padres y sus cuatros abuelos, y los nuevos los convertidos al cristianismo que había practicado el judaísmo o islamismo.

También pudiera ser que para defender a Abdelmalik El Barkani no encontrara Imbroda muy apropiado compararlo con un cristiano nuevo discriminado por uno viejo que presume de limpieza de sangre. Hasta hubiera parecido un exceso en un alcalde-presidente que precisamente no se caracteriza por su sutileza y moderación.

En todo caso, parece obvio que la oposición no puede cometer más torpezas susceptibles de tergiversación y manipulación políticas mientras incurran en la mayor de permitir la financiación municipal de los medios de comunicación locales o de no crear otra prensa “independiente” del Ayuntamiento. Hasta entonces las palabras de Dionisio Muñoz serán interpretadas como una pública confesión de xenofobia y, sin embargo, las apelaciones de Imbroda al voto del miedo y a la paralización de un Plan de Transición del Ejército que provocaría la marcha de muchos Fernández, García y Pérez constituirán la mayor prueba de amor del presidente por su ciudad.

Ahora sólo falta que alguien recuerde el procedimiento que utilizó El Barkani para estudiar y obtener su especialidad en neurocirugía. También todos los médicos especialistas son iguales. Por supuesto.

4/6/2008, miércoles
Conozca su categoría de enanismo mental

A propósito del último cumplido que Juan José Imbroda ha dirigido a los que el espíritu de la UPM no trascendió en sus conciencias e intelectos (Ver noticia en el diario Melilla Hoy), propongo al lector que realice el siguiente test para conocer su tipo de enanismo mental. Sólo tiene que marcar la definición con la que más se identifique:

1.- Según el concepto imbrodiano del término, un enano mental es alguien que considera políticamente incorrecto que el Ayuntamiento participe en un homenaje al hermano del alcalde.

2.- En la terminología presidencialista del alcalde, un enano mental es alguien que no advierte la deuda de gratitud que Melilla debe a su hermano.

3.- En la lexicografía totalitaria del presidente, un enano mental es alguien que no es capaz de animar a su hermano en los peores momentos de su carrera deportiva.

4.- Según el concepto gramatical del término, un enano mental es alguien de escasa estatura intelectual.

5.- En la terminología coloquial del vecino, un enano mental es alguien que sólo es capaz de refutar un argumento con un insulto.

6.- En la lexicografía política del elector, un enano mental es un alcalde que considera normal que su Ayuntamiento homenajee a su hermano.

Si ha elegido la primera definición es posible que con un poco de su esfuerzo personal se arreglen sus problemas económicos y laborales. Si ha marcado la segunda es probable que apruebe una oposición al Ayuntamiento. Los que se han identificado con la tercera opción incluso pueden aspirar a ser consejeros de Deportes.

Los que han señalado la respuesta cuarta no deberán esperar ningún cambio interesante en sus vidas. En cambio, quienes han optado por la quinta habrán de estar atentos a las circunstancias desfavorables que pudieran presentárseles a medio plazo. Si su concepto de enano mental coincide con el descrito en el apartado sexto le conviene marcharse de Melilla durante unos cuatro años y consultar a un especialista.

Los expertos recomiendan no divulgar los resultados a quienes hayan preferido las tres últimas opciones de este test de autoayuda por razones de autoprotección.

3/6/2008, martes
¿Quién dice que la ciudad tiene problemas?

Y los que tiene son por la culpa exclusiva del Gobierno de la Nación. Los dos únicos asuntos importantes que afectan ahora a la estabilidad de Melilla y a su buen gobierno son los que se han diseñado en el despacho oficial de la sede de los medios de comunicación del Movimiento Local: la petición de dimisión de Dionisio Muñoz y el estado del parking de la Plaza de las Culturas.

La vulneración de los derechos fundamentales de Inés Urdiales, la discriminación del grupo de teatro “Concord”, el precio que cuesta mantener sucias las calles, las habituales modificaciones económicas de los contratos administrativos o los problemas de tesorería del Ayuntamiento son cuestiones que sólo interesan a los ciudadanos durante el tiempo y el espacio que caben en un pequeño recuadro de una página par de cualquier periódico local.

El tema que realmente debe de preocupar a los melillenses es el discurso de Dionisio Muñoz sobre su negativa a recibir lecciones de democracia, patriotismo y ciudadanía –constitucionales, por supuesto- de alguien que nadie sabe de donde viene ni adonde va pero que ahora es consejero de Presidencia del gobierno local. Y ciertamente el presidente no se ha equivocado al delegar en Miguel Marín el tratamiento político de este asunto. Ayer, durante la transmisión televisada de su mitin institucional pude preparar la cena, llamar a mi madre para interesarme por su tensión, ir a casa del vecino para recordarle la próxima reunión de la comunidad y leerme el borrador del Estatuto de Autonomía de CpM y llegué a tiempo para oírle reclamar la dimisión del secretario general de los socialistas melillenses.

El segundo grave problema que inquieta a nuestros gobernantes es el que ha provocado que el viceconsejero de Fomento y presidente de ENVISMESA se subiera también ayer al plató instalado en el Palacio de la Asamblea: el deterioro de las instalaciones del aparcamiento subterráneo. Alguien ha tenido que quejarse en el Melilla Hoy ( Ver noticia en diario Melilla Hoy) para que Juan Antonio Iglesias explicara sin que se le cayeran los papeles que el gobierno siempre está pendiente de solucionar las incidencias que afectan a las obras y servicios locales.

Está muy claro que Iglesias no lee el diario de un residente sin descuento porque en el comentario del día 23 de abril de 2007 ya se aludía a este parking:

“No obstante la abrumadora insistencia de los gobernantes en persuadirnos de su extraordinaria competencia y elevada capacidad de gestión para ejecutar el presupuesto de gastos, los resultados de la política de inversiones públicas no son realmente tan satisfactorios como sugiere la triunfalista propaganda oficial. Si las lluvias de este fin de semana han inundado la Plaza de España y demostrado la ineficacia de las obras de remodelación del sistema de drenaje superficial y red de pluviales que se licitaron por 687.800,37 euros, el deterioro de las instalaciones del parking subterráneo de la Plaza de las Culturas impide el funcionamiento de las cajas automáticas y de la barrera, que son controladas ahora por un operario dotado anatómicamente de un sistema visual y lector de tickets que causa asombro a las empresas del sector de gestión de aparcamientos públicos”.

Y es que si Zapatero no quiere que se hable de la crisis, aquí Imbroda no permite que nadie hable de temas no incluidos en su guión.

2/6/2008, martes
La penúltima derrota de unos famosos magistrados (y 2)

Aunque en la queja presentada por la letrada se hacía mención a las actuaciones de otro juez, Mario Alonso Alonso –de nuevo en Melilla después de marcharse a Granada-, y del contratado por el Ayuntamiento como Coordinador de Formación de la Escuela de Seguridad que actúa esporádicamente como sustituto de los magistrados titulares, Diego Giner Gutiérrez, los únicos que se querellaron contra aquélla fueron José Luis Ruiz Martínez y, por insistencia de éste, Mariano Santos Peñalver y Juan Rafael Benítez Yébenes.

Según el Auto de archivo de la Audiencia Provincial de Madrid de 20 de mayo de 2008, a través de un escrito presentado el 1 de octubre de 2004 al Consejo General del Poder Judicial, la abogada se queja básicamente de determinados “hechos y situaciones que (…) estima, cuando menos irregulares en la actuación de los Magistrados componentes de la Sección VII de la Audiencia Provincial de Málaga, con sede en Melilla, en particular (…) las relaciones de amistad y conflictos de intereses” de los mismos con algunos letrados “y la extraordinaria influencia que el Decano del Colegio de Abogados de Melilla, Sr. Imbroda, ejerce sobre tales magistrados”.

El Consejo General del Poder Judicial abrió una información previa que fue archivada el 26 de mayo de 2005 al considerar que las acusaciones formuladas en el escrito de queja “en la mayoría de los casos, debía haberse formulado en la Jurisdicción Penal y porque no se desprendía “con nitidez que la conducta judicial sea encuadrable en ilícito disciplinario alguno”.

Y, entonces, el triunvirato judicial interpuso una descabellada querella que ni un estudiante de Derecho se hubiera atrevido a suscribir. El Juzgado de Instrucción nº 12 de Madrid decretó el 22 de noviembre de 2007 el sobreseimiento y archivo de la querella y la Audiencia Provincial lo confirmó posteriormente por apreciar que no se cometió ninguno de los delitos de acusación y denuncia falsas, calumnia o injurias que los perspicaces magistrados melillenses intuyeron advertir en el escrito de la abogada.

Con relación a la acusación y denuncias falsas, el Tribunal afirma que la queja se planteó ante el órgano que tiene encomendado constitucionalmente el buen gobierno de los jueces y magistrados por lo que -y esto lo dice el residente sin descuento– les hubiese bastado con leer el Código Penal o sus viejos apuntes de la Facultad de Derecho para darse cuenta que era imposible la comisión de este delito. Y es que a lo mejor se creían con el genio jurídico suficiente para cambiar la doctrina legal y jurisprudencial en esta materia.

Y respecto a la calumnia y a las injurias, la Audiencia Provincial no aprecia en la queja ningún animo de ofender porque “existe abundante prueba documental como son las publicaciones periodísticas que se hacen eco de los rumores relacionados con la existencia de relaciones de amistad entre determinados miembros del Colegio de Abogados de la ciudad de Melilla y los Magistrados integrante de la Sección VII, tanto de la prensa local como de la de ámbito nacional”.

También la resolución judicial menciona las numerosas declaraciones de otros jueces, fiscales, secretarios judiciales y abogados que prueban, entre otros hechos, que existía un rumor en la ciudad sobre una supuesta amistad de los magistrados querellantes con los abogados imputados por la apropiación de fianzas y que la queja presentada por la letrada ante el Consejo General del Poder Judicial solo tuvo por finalidad la de “defenderse de lo que entendía una actuación [de los magistrados] que le era perjudicial”.

El escrito de queja fue presentado por la abogada melillense Ana Rodríguez Pérez, quien ha asegurado que este asunto le ha servido para establecer interesantes relaciones con magistrados de otras Audiencias Provinciales, de Tribunales Superiores de Justicia, del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional, así como con varios componentes del Consejo General del Poder Judicial y mantener, siguiendo la recomendación de un miembro de un alto Tribunal, una red de contactos comprometidos contra cualquier manifestación de corrupción o funcionamiento desviado de la Administración de Justicia.

P.S.: Sin perjuicio de lo publicado por los medios de lo comunicación y para evitar interpretaciones malintencionadas de la lectura de la última frase, se hace constar que en ningún momento se ha pretendido insinuar que los tres magistrados hayan actuado incorrectamente en alguna ocasión pues nunca fueron expedientados ni imputados ni procesados. Faltaría más.

1/6/2008, domingo
La penúltima derrota de unos famosos magistrados (1)

La imparcialidad y la objetividad sólo se logran en la distancia. Son una falacia demagógica las formulaciones políticas que aseguran la conveniencia de tener una Administración Pública o una Justicia próximas a los ciudadanos. Las decisiones que afectan a nuestros derechos, libertades o patrimonio deben ser adoptadas por funcionarios o jueces que no tengan intereses afectivos, económicos o de cualquier otra índole con las personas o los hechos relacionados con los asuntos sometidos a su consideración.

Por tanto, salvando aquellas actividades y prestaciones de carácter eminentemente local, determinados servicios públicos deben ser regulados, controlados o prestados –según su naturaleza- por sujetos o entidades alejados del lugar de origen de la concreta materia o de los interesados. Si es más intensa la percepción que tiene un melillense de la objetividad de los miembros de un tribunal de acceso a la función pública estatal ubicado en Madrid que los de otro de ingreso a la Administración de nuestra ciudad, también su confianza será mayor en la independencia e imparcialidad de un Tribunal de Justicia situado fuera de su término municipal.

Por ello la creación de una Sección de la Audiencia Provincial de Málaga con sede en Melilla fue un error colosal. Y es que al poco tiempo de entrar en funcionamiento, los magistrados integrantes de esta Sección VII comenzaron a adquirir notoriedad nacional.

En agosto de 2001 los medios de comunicación informaron de los presuntos vínculos de algunos jueces con un narcotraficante y el mismo mes del año 2004 el diario El Mundo afirmaba que “en el mucho más pulcro ámbito de los despachos judiciales, se ha ido tejiendo una maraña que los inspectores del Consejo General del Poder Judicial no saben por dónde empezar a desenredar”, o “aquello es un feudo inexpugnable controlado por unos pocos que mantienen relaciones muy sospechosas y donde se están dictando sentencias muy extrañas” o que “se investiga si el funcionamiento de la sección séptima de la Audiencia Provincial de Málaga en Melilla, presidida por el magistrado José Luis Rodríguez [en realidad, José Luis Ruiz Martínez], es o no el correcto” (Ver noticia del diario El Mundo 15/08/2008).

Aunque es cierto que nunca fue expedientado o sancionado, este magistrado “abandonó su cargo y se trasladó a Granda como titular de un Juzgado de Instrucción (cargo más bajo), después de que en agosto de 2004 varios reportajes periodísticos cuestionaran su independencia e hicieran tambalear su reputación” (Ver noticia en www.elplural.com del 18/05/2007).

Y desde allí, en cooperación con los dos que permanecieron en la Sección VII, Mariano Santos Peñalver y Juan Rafael Benítez Yébenes, entablaron una querella por acusación y denuncia falsas, injurias y calumnias contra la única abogada que tuvo la valentía de exponer ante el Consejo General del Poder Judicial la situación judicial que entonces se vivió en Melilla. Esta querella de los magistrados ha sido recientemente archivada por la Audiencia Provincial de Madrid y ha puesto en evidencia el nivel de aptitud jurídica de los tres querellantes: si su competencia profesional como jueces se sigue presumiendo aun cuando fue cuestionada públicamente en los últimos años, la de acusadores particulares no suscita ya ninguna duda.

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