31/10/2008, viernes
Los sexos del Partido Popular

En su magnífico libro El miedo a la libertad Erich Fromm afirma que para las personalidades autoritarias existen dos sexos: los que tienen poder y los que no lo tienen, los que mandan y los que obedecen, los dominadores y los sumisos. Y la clasificación sexual de Juan José Imbroda no suscita a los melillenses ninguna duda cartesiana ni a él un problema de identidad personal, como tampoco muestran síntomas de un conflicto de orientación o de una supuesta bisexualidad sus demás correligionarios que este fin de semana lo elevarán a la jerarquía de caudillo.

Y es que mañana comienza el X Congreso Regional del Partido Popular y nadie saldrá del armario porque las tendencias de los asistentes estás perfectamente definidas conforme a las categorías sexuales descritas por el psicoanalista y sociólogo alemán. En este cónclave se certificará la conversión autoritaria del partido mediante la aclamación de Imbroda como líder carismático y guía de una organización política local que presenta los inequívocos signos de una alarmante involución: dirección férrea y monolítica del partido, confusión entre partido y ayuntamiento, exclusión institucional de la oposición, control absoluto de la vida social y culto a la personalidad.

Todavía no reúne el alcalde de Melilla y senador del Reino la condición de presidente del PP y el mismo partido ha emprendido una campaña publicitaria en los periódicos locales para enaltecer la figura del líder. Su gran fotografía es un símbolo iconográfico de la devoción política instaurada en Melilla. Aunque Mª Dolores Cospedal ha intentado racionalizar este proceso de fervorosa veneración declarando al diario El Faro que el estilo de gobierno de aquél representa la humildad, la plena identificación con los ciudadanos, el consenso, la paz social y la ausencia de conflictos, cualquiera que conozca sus antecedentes, trayectoria y resultados políticos sabe que esa supuesta estabilidad de los actuales gobiernos de Melilla es consecuencia de la plenitud sexual alcanzada por Imbroda desde que es alcalde-presidente de la ciudad.

A la secretaria general del Partido Popular habría que recordarle las convulsiones de la década anterior originadas por la insatisfacción del entonces dirigente de la UPM. Y en los expedientes judiciales y clínicos de algunos de sus militantes constan las secuelas de unos pasados impulsos reprimidos.

30/10/2008, jueves
El portavoz no tiene palabras

El portavoz del gobierno es un experimentado profesional de la insinuación, la insidia y el dicterio. Y parece que su trabajo responde más a una vocación que a una necesidad y menos a una obligación que a un divertimiento. Por eso lleva tantos años pervirtiendo las funciones de su cargo. Daniel Conesa es el responsable de transmitir la acción política e institucional del Consejo de Gobierno que, con ocasión del desempeño de esta actividad administrativa, disfruta denigrando a los miembros de la oposición, revolviendo la información municipal con la opinión partidista y desacreditando a las personas e instituciones que disienten de la verdad oficial.

Ayer, en el estudio de grabación del Ayuntamiento –a cualquier habitación llaman sala de prensa- dictó uno de sus más miserables discursos que concluyó con una frase que condensó el sentido exacto de sus palabras y su temor a las consecuencias de su incontenible verborrea: “yo prefiero quedarme ahí y no hablar más”. (escuchar audio difundido en el informativo de Radio Melilla SER 29/10/08)

Y es que ya lo había dicho todo muy claramente al sugerir una posible coincidencia de objetivos entre las mafias que promueven la introducción ilegal de inmigrantes en Melilla y una organización no gubernamental de la ciudad que, según la propaganda institucional, se extralimita en la prestación de ayuda y protección a los extranjeros o menores. Es cierto que el carácter supuestamente humanitario de estas entidades no obliga a que compartamos sus principios u objetivos ni, por supuesto, a considerar que sus miembros sean entusiastas activistas de la solidaridad y del altruismo. Incluso existen ONG ideologizadas e interesadas, subvencionadas y lucrativas o extremistas y peligrosas que actúan sin escrúpulos para conseguir unos fines que juzgamos ilegítimos, delictivos o indecorosos.

Pero si un gobierno posee indicios que alguna ONG realiza actividades prohibidas tiene la obligación de denunciarlas ante las autoridades competentes y no encomendarle a su portavoz que conjeture públicamente sobre la consideración legal o moral de las sospechosas prácticas de aquélla. En estos casos de explicitas ambigüedades y cobardes sobreentendidos quizás sea conveniente aplicar la máxima de Chesterton de que el silencio es la réplica más aguda. Y, especialmente, cuando se responde a los políticos más obtusos.

29/10/2008, miércoles
La gestión autonómica del dinero público

Aunque cueste creerlo, nuestra Constitución establece cómo debe gestionarse el dinero público. Si su art. 31.2 dispone que “el gasto público realizará una asignación equitativa de los recursos públicos y su programación y ejecución responderán a los criterios de eficiencia y economía”, resulta obvio que, salvo que se reduzca políticamente este mandato a un honrado desideratum o a una simple declaración programática, la gestión de los fondo públicos está sujeta a los principios de equidad o reparto justo y equilibrado, de eficiencia u óptimo aprovechamiento y economía o consecución de los objetivos al mínimo coste.

Esta entretenida reflexión me la ha sugerido el anuncio de la adjudicación de la revisión y redacción del Plan de Ordenación Urbanística (PGOU) a la empresa Laboratorio de Proyectos S.L.P. por algo más de 550.000 euros (ver noticia en diario Melilla Hoy). Y es que esta misma sociedad fue también la adjudicataria de la revisión del PGOU de Alicante por un precio de 578.376 euros.

No puede entenderse cómo dos ciudades tan distintas en sus características socioeconómicas son tan parecidas en sus aspectos presupuestarios. Si la población de Alicante es de 322.673 personas, la de Melilla es de 69.440 habitantes; si el término municipal de la primera es de 201 Km2, el de la segunda es de 13 Km2; si aquélla tiene cuarenta núcleos de población, la nuestra sólo tiene uno mientras no se produzca la anexión de las islas Chafarinas; y si la superficie catastral urbana de la localidad valenciana es de 3.868 hectáreas y la rústica de otras 20.206, la de nuestra ciudad es, respectivamente de 440 y 578 hectáreas.

Sin embargo, estas diferencias no alcanzan sorprendentemente al gasto público. El presupuesto municipal de Alicante para 2008 es de 254,4 millones y el de Melilla de 217 millones de euros. Pero esta abundancia de recursos contrasta con el desolado estado de la ciudad y, esencialmente, con el formidable desarrollo urbano experimentado en municipios más grandes y con menos medios económicos. Parece que en Melilla no se respeta el mandato constitucional en materia de gasto público, y el presupuesto inicial del concurso para la revisión del PGOU (680.000 euros) y el precio definitivo del contrato (550.000 euros) son la prueba evidente de la ineficiente y antieconómica gestión del dinero público que desangra las autonómicas arcas de la ciudad.

Quizás haya que empezar nombrando a un Interventor de carrera. Aunque también cueste creerlo, existen.

28/10/2008, martes
Los sueldos de los políticos

La Federación Española de Municipios y Provincias adoptó el pasado 30 de septiembre un acuerdo que recomendaba la aprobación por los Plenos de Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos y Cabildos Insulares de las siguientes medidas dirigidas a contribuir a paliar los efectos de la situación económica general:

1. Promover la congelación de los sueldos correspondientes al alcalde y concejales con dedicación exclusiva y parcial, en el ejercicio del año 2009.

2. Congelar las partidas presupuestarias relacionadas con las dietas de los cargos electos por asistencia a plenos, comisiones de gobierno, comisiones informativas y consejos de administración de las empresas y sociedades municipales.

3. Congelación de los sueldos correspondientes a los altos cargos de confianza política en las entidades locales.

4. En la elaboración de los presupuestos, se procurará el mantenimiento nominal excepto en aquellas partidas cuyo aumento sea inevitable (por ejemplo: gas, electricidad, etc.) y se favorecerán las medidas necesarias con el fin de realizar un reajuste presupuestario en las diferentes partidas del capítulo.

5. Se aplicarán estos mismos criterios a las partidas presupuestarias correspondientes al funcionamiento de los grupos políticos municipales en el ejercicio, del año 2009 con respecto a lo presupuestado en el presente año.

Aunque estas voluntaristas disposiciones no detendrán realmente la crisis ni remediarán sus destructivos efectos, su aplicación constituye un imperativo moral del político decente, sensible y solidario con los 2,6 millones de parados, las 800.000 familias que tienen a todos sus miembros desempleados y los miles de españoles que nunca imaginaron que llegarían a reservar mesa en un comedor de la beneficencia (ver noticia en diario ABC).

Por eso resulta muy extraño que, estando elaborándose el proyecto de presupuestos generales de la ciudad, ningún miembro del gobierno local haya manifestado si se adoptarán estas mínimas recomendaciones éticas. Aunque es una decisión que incumbe al alcalde-presidente, parece evidente que, salvo craso error de valoración o impredecible cambio de opinión, Imbroda congelará los sueldos de los políticos siguiendo el ejemplo de otras Administraciones, los impulsos de su talante populista o, también, el sentido de su propia convicción personal.

En cambio, la reducción de cargos y puestos de confianza exige que suceda un cataclismo municipal. Y tampoco es seguro.

27/10/2008, lunes
Totus tuus

Si no es bastante la africana soledad que sufre la ciudad como consecuencia del alzamiento personal de Imbroda contra el gobierno de la Nación; si no es suficiente la incomunicación política de Melilla decretada por su presidente para preservarla de la influencia estatal; si es casi insoportable el enclaustramiento institucional en que se han sumido los gobernantes locales, un diluvio de apariencia bíblica y expiatoria ha incomunicado por tierra, mar y aire a los acantonados melillenses.

El portavoz del Consejo de Gobierno tiene otra magnífica ocasión para demostrar su desparpajo autonómico. Si hace unos días se planteaba reclamar las competencias en materia de empleo por la incapacidad del Estado de frenar el incremento del paro en nuestra ciudad (ver noticia en el diario Melilla Hoy), Daniel Conesa no debiera ahora perder la lluviosa oportunidad de solicitar una encomienda de gestión de la Agencia Estatal de Meteorología.

Y quizás mañana, si aumenta el número de enfermos, que le transfieran el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Totus tuus.

26/10/2008, domingo
Un revés judicial para Imbroda

Los selectos lectores que se han abonado a este espacio virtual de libertad tienen hoy la oportunidad de descubrir una primicia informativa. Los entusiastas seguidores de esta columna de opinión conocerán una noticia prohibida a los medios de comunicación del Movimiento Local. La pequeña y creciente comunidad de inconformistas que fisgonean en las páginas del diario de un residente sin descuento tendrán conocimiento de un hecho excepcional que acaba con el mito de la imbatibilidad de Juan José Imbroda. Y es que el Tribunal Constitucional ha anulado una sentencia de la Audiencia Provincial que condenaba a Enrique Palacios por un delito de calumnias al alcalde-presidente de la enajenadamente autonómica Ciudad de Melilla.

Según el Tribunal Constitucional, el trío más famoso de la historia judicial de Melilla, José Luis Ruiz Martínez, Mariano Santos Peñalver y Juan Rafael Benítez Yébenes, condenó al inhabilitado ex alcalde a la pena de un año de prisión y a indemnizar a Imbroda con 12.000 euros con violación de su derecho fundamental a un proceso con todas las garantías y a un juez imparcial.

Ahora otros magistrados en un ambiente bien distinto al del año 2003 valorarán si el entonces concejal Palacios lesionó el honor de Imbroda por atribuirle supuestas irregularidades en la venta privada de una vivienda.

En cualquier caso, la frase de Richelieu merece hoy una cita: "Dadme dos líneas escritas a puño y letra por el hombre más honrado, y encontraré en ellas motivo para hacerlo encarcelar".

25/10/2008, sábado
El suicidio de una ciudad

Ayer traslucí mi pesadumbre por la dificultad de aplicar un concepto, de expandir una emoción, de compartir una vivencia. Y es que mi entendimiento, mi sentimiento y mi experiencia como español no se adaptan al modelo de patriotismo interesado que ejerce nuestra clase política. Los partidos han degradado España a un objetivo de campaña, a un botín a repartir entre sus militantes y, si no hay más remedio, a compartir con los de cualquier otra formación dispuesta a establecer un alianza de gobierno.

El principal problema de España es su indefinición. Ninguna nación moderna es capaz de soportar durante treinta años el permanente cuestionamiento de la existencia o la sustancia de su Estado sin que se resienta su cohesión territorial y espiritual. Cualquier país saldría indemne de las embestidas de los nacionalismos minoritarios si los partidos nacionales tuvieran una clara y sólida concepción del Estado; pero en España el PP y el PSOE han terminado articulando sus estructuras sobre criterios territoriales y fundado sobre las Comunidades Autónomas la base de su organización y funcionamiento. Son las Comunidades Autónomas las entidades que definen la acción política de los partidos estableciendo con el Estado unas relaciones de conflicto o de oportunista cooperación según coincidan o no en los gobiernos de ambas instancias.

Un ejemplo de este infausto sistema constitucional es la falacia de la deuda histórica de Andalucía. Con este nombre se conoce a la reclamación económica formulada en 1996 por la Junta de Andalucía por la supuesta financiación deficitaria por el Estado de los servicios transferidos. Sin embargo, esta imaginaria factura sólo pretenden cobrarla los socialistas andaluces cuando el PP ocupa el gobierno central, pues, en caso contrario, se archiva en la carpeta de asuntos pendientes para esgrimirla cuando se invierta la situación política.

Otro caso de esta grave irresponsabilidad nacional es la imparable dinámica autonomista que ha enloquecido a los dirigentes de los partidos políticos. Ninguna de éstos ha decidido detener el proceso de debilitamiento del Estado. Si a las Comunidades Autónomas nacionalistas se les atiende sus constantes reivindicaciones, los demás gobernantes territoriales exigen las mismas contraprestaciones alegando un igualitarismo que realmente sólo encubre ambiciones personales y la relativización de la concepción del Estado español. La reforma del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana es el paradigma de esta pervertida práctica de socialistas y populares. Según su disposición adicional segunda, “cualquier modificación de la legislación del Estado que, con carácter general y en el ámbito nacional, implique una ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas será de aplicación a la Comunitat Valenciana, considerándose ampliadas en esos mismos términos sus competencias”, por lo que “cualquier ampliación de las competencias de las Comunidades Autónomas que no estén asumidas en el presente Estatuto o no le hayan sido atribuidas, transferidas o delegadas a la Comunitat Valenciana con anterioridad obligará, en su caso, a las instituciones de autogobierno legitimadas a promover las correspondientes iniciativas para dicha actualización”.

Es la mayor agresión cometida contra el Estado desde una región gobernada por el Partido Popular porque supone degradar a aquél a la condición de ente superfluo, residual y accesorio. Con un argumento esencialmente nacionalista -la igualdad de los territorios y no de las personas- se pretende sostener el funcionamiento deficiente de los órganos estatales y la eficiente ejecución de las competencias por las Comunidades Autónomas o, lo que es lo mismo, que el Estado carece de capacidad para gestionar la educación, la sanidad, el transporte o la seguridad pública.

Para estos neonacionalistas España sería un simple ente nominal, una selección deportiva o un puente turístico. Y una caja de caudales.

Este fenómeno agudiza el problema de la inserción de Melilla en un Estado frágil y prescindible. La supervivencia de Melilla depende de la fortaleza de España y si ésta se debilita, aquella puede terminar aislada en territorio hostil. Pero si son los propios gobernantes locales quienes se adhieren a la tesis de la insustancialidad del Estado, Melilla perderá cualquier esperanza de crecer y desarrollarse como ciudad europea. Por eso no resultan comprensibles las tendencias suicidas del PP melillense. Ayer el ideólogo del cantón norteafricano declaró sin ningún complejo que reclamaría las competencias en materia de empleo “porque el Estado no está funcionando en este tema” (ver noticia en diario Melilla Hoy). No obstante su insensatez, es seguro que la manifestación de Daniel Conesa provocó a la mayoría de los melillenses más hilaridad y pitorreo que preocupación y perplejidad. Y es que deben creerse que son personas extraordinarias, políticos superdotados y gobernantes excepcionales para confesar humildemente que son capaces de contener los efectos de la grave crisis económica internacional.

No han cursado un doctorado en Harvard Business School, ni trabajado en un organismo financiero, ni superado un curso online por la UNED, ni obtenido siquiera una plaza por oposición en el acreditado Ayuntamiento de Melilla, pero han encontrado la solución al crecimiento del desempleo de la ciudad. Y, obviamente, nadie conocerá las claves de esta fórmula magistral. Es alto secreto. Y mucho humor negro.

24/10/2008, viernes
Yo no quiero ser otra cosa

Si la Nación presenta síntomas de descomposición, la ciudad está ya totalmente descompuesta; si en España se anuncia una lejana ruptura de su unidad, Melilla está muy próxima a certificar su defunción; si los españoles acentúan paulatinamente su desunión, los melillenses son ya víctimas de un proceso de segregación.

Estas pesimistas reflexiones no parten de una concepción trasnochada de la unidad de una nación y de un Estado o de un melancólico arrebato otoñal. Son las conclusiones obtenidas de la interpretación subjetiva de una realidad política miserable y repulsiva. En Alemania los líderes políticos fueron capaces de superar las diferencias programáticas y personales para formar un gobierno de coalición que resolviera los graves problemas que bloqueaban el funcionamiento de la República alemana. La primera declaración de la canciller Ángela Merkel es extraordinariamente esclarecedora: “Una gran coalición entre dos partidos mayoritarios completamente diferentes nos abre la posibilidad, del todo inesperada, de preguntarnos sobre lo que podemos hacer mejor juntos, en vez de detenernos en la búsqueda de culpabilidades del otro, en vez de señalar siempre al otro, preguntando qué errores ha cometido, por supuesto sin participación de los demás”.

Aquí estas palabras no sonrojaron a los dirigentes políticos nacionales. Y, como están demostrando estos días, ni siquiera se sintieron aludidos. Aunque es cierto que la Constitución diseñó un Estado descentralizado que dotó de autonomía política a las regiones españolas, no previó que la estabilidad de los gobiernos y la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado dependiera precisamente de su liquidación a través de la progresiva y abusiva transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas soberanistas a cambio de su apoyo desleal. Y Rodríguez Zapatero no ha sido el único o el más significativo representante de esta clase de mercadeo político. En el expediente presidencial de José María Aznar figuran los relevantes méritos de haber cedido el 30 % del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales de fabricación, el impuesto sobre la electricidad y el impuesto especial sobre determinados medios de transporte; traspasado competencias en materia de recursos y aprovechamientos hidráulicos, educación, Administración de Justicia, titulaciones y enseñanzas náutico-pesqueras, agricultura, pesca, ganadería, cultura, seguros, carreteras, trabajo, empleo y formación, propiedad intelectual, productos farmacéuticos, transporte marítimo, conservación de la naturaleza, tráfico y circulación vehículos de motor, puertos, protección de la mujer, instalaciones radiactivas, Instituto Social de la Marina, turismo, servicios sociales, Cámaras Agrarias o Colegios Profesionales; y transferido las funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud.

Este año también la aprobación de los Presupuestos Generales han costado al Estado las competencias de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) porque los partidos políticos nacionales y sus irresponsables dirigentes no quieren alcanzar un pacto de Estado que permita gobernar al partido mayoritario sin necesidad de concertar costosísimas alianzas con las formaciones nacionalistas.

Y, otra vez, la negativa del presidente norteamericano a que Zapatero participe en la cumbre financiera internacional del próximo 15 de noviembre en Washington ha puesto en evidencia el débil espíritu nacional de los españoles. Me parece lógica la decisión de aquel de incomodar a nuestro presidente por la precipitada orden de abandonar Irak sin concertar con los Estados Unidos un plan de retirada gradual de las tropas, pero considero que constituye un atentado contra España sus continuos intentos de boicotear la presencia de nuestro país en los foros internacionales. Y todos los españoles, cualquiera que sea su adscripción política, debieran reaccionar unitariamente contra la insistente e hiriente hostilidad de un país supuestamente amigo.

Fue una definición exacta de Cánovas del Castillo la de que español es todo aquél que no puede ser otra cosa. Quizás por eso en Melilla algunos reclaman la plena autonomía y otros se sienten marroquíes.

23/10/2008, jueves
La costosa autonomía

En el próximo Congreso Regional del Partido Popular se aprobará una ponencia política que reivindicará la conversión de la ciudad en Comunidad Autónoma o, dicho en términos más descriptivos, que propugnará la aplicación del denominado “Plan Imbrodetxe” porque “un avance en nuestro estatus jurídico es una cuestión ineludible para el futuro de Melilla en los próximos años” (ver noticia en el diario Melilla Hoy).

La defensa de esta propuesta no ha sido sólo una cuestión de partido. Los últimos años se han destinado importantes recursos personales y económicos municipales a promover una ambición caracterizada en forma de idea cuyo nacimiento no se encuentra en una serena reflexión política, una sentida ilusión colectiva o una objetiva necesidad administrativa, sino que se origina como consecuencia de la reacción imbrodista al triunfo del PSOE en las elecciones generales de 2004.

Sin que nadie explique las causas que partir de ese año el vigente Estatuto de Autonomía se transforma en un texto agotado e inservible, los populares comienzan a difundir el dogma de su inutilidad para el progreso de la ciudad. Salvo las inciertas y demagógicas invocaciones a la igualdad y al desarrollo de los melillenses, no consta ningún argumento administrativo o político -incluso equivocado- que sostenga racionalmente esta aberración autonómica.

Aunque se podrían comentar otros muchos aspectos contarios a la modificación del régimen jurídico de la ciudad, resulta muy oportuno plantear ahora que la crisis financiera castiga a la economía mundial, si España permitirá que Melilla sea la única comunidad autónoma fiscalmente irresponsable. La autonomía financiera exige una prudente ordenación de los ingresos y de los gastos. La ciudad no podrá ser la cómoda perceptora de los fondos que le transfiera el Estado para aplicarlos en sus alegres dispendios. Es probable que algunos de nuestros políticos más autonomistas ignoren que la corresponsabilidad fiscal significará un aumento de la capacidad impositiva y recaudatoria de la ciudad y, correlativamente, una mayor carga tributaria de los melillenses para financiar los servicios públicos y la macroestructura administrativa que convertirá a Melilla en un fantástico paraíso burocrático.

Por eso nadie ha explicado todavía el modelo de autonomía conveniente para Melilla. La verdad puede ser insoportable.

22/10/2008, miércoles
La justicia histórica de Baltasar Garzón

En junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales a las que concurrieron libremente los numerosos partidos políticos que proliferaron con ocasión del advenimiento de la democracia en España. Los resultados fueron los siguientes:

UCD

UNION DE CENTRO DEMOCRATICO

166

PSOE

PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL

118

PCE

PARTIDO COMUNISTA DE ESPAÑA

19

AP

FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA   POPULAR

16

PDPC

COALICION ELECT.PACTE DEMOCRATIC PER   CATALUNYA

11

PNV

EUZKO ALDERDI JELTZALEA-PARTIDO   NACIONALISTA VASCO

8

PSP-US

PARTIDO SOCIALISTA POPULAR - UNIDAD   SOCIALISTA

6

UDC-IDCC

UNIO DEL CENTRE I LA DEM. CRISTIANA DE   CATALUNYA

2

EC-FED

COALICION ELECTORAL ESQUERRA DE CATALUÑA

1

EE

EUSKADIKO EZKERRA

1

CAIC

CANDIDATURA ARAGONESA INDEPENDIENTE DE   CENTRO

1

INDEP

CANDIDATURA INDEPENDIENTE DE CENTRO

1

El Parlamento compuesto por los diputados de estos partidos aprobó la Ley 46/1977, de 15 de octubre, en una votación histórica: 317 votos emitidos, 296 afirmativos, 2 negativos, 18 abstenciones y 1 nulo. Esta ley ordenó la amnistía de “todos los actos de intencionalidad política y cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976” (art. 1.a) incluidos “los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar” (art. 2.a) (Ver archivo pdf en el BOE).

Por tanto, y como ya habrán intuido quienes curiosean este diario, sostengo que el sumario abierto por el magistrado Baltasar Garzón constituye una gravísimo desprecio a la soberanía popular y un ataque directo a la democracia. Aunque los Estados de Derecho se fundamentan formalmente en la tradicional separación de tres poderes (legislativo, ejecutivo y judicial), “la soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan todos los poderes del Estado” (art. 1.2 de la Constitución Española) y, siendo las Cortes Generales sus representantes, parece evidente que el poder legislativo goza de una supremacía constitucional que obliga al poder ejecutivo a aplicar las leyes y al judicial a respetar y asegurar su correcto cumplimiento.

La interpretación del Derecho no consiste en adaptar los mandatos legales a una visión subjetiva o imaginaria de la vida, la justicia y la historia, sino en realizar un razonamiento lógico, equilibrado y objetivo dentro de un sistema normativo. Y el auto dictado por el Juzgado de Central de Instrucción nº 5 es simplemente una fantasía jurídica.

Sin perjuicio de la división de opiniones respecto a su oportunidad o necesidad, las Cortes Generales promulgaron la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura (Ver archivo pdf en el BOE), para promover únicamente la reparación moral y la recuperación de memoria histórica de las víctimas de un régimen político. Y lo que no ha podido hacer la ley no puede hacerlo un juez. Aunque se llame Baltasar Garzón.

21/10/2008, martes
Los mítines institucionales

Esta es la denominación que reciben las comparecencias de los miembros del gobierno de Melilla en la sala de prensa del Ayuntamiento. Estos actos constituyen esencialmente la ridícula idealización de un ente municipal, la absurda expresión de una pantomima burocrática, la grotesca sublimación de un delirio administrativo. Son el síntoma de la ansiedad autonómica de nuestros gobernantes, la recreación virtual de una potente Administración dinámica y transparente, la evidencia de una formidable operación propagandística.

El Ayuntamiento ha convertido la sala de prensa en la dependencia municipal donde se mide el nivel de compromiso político y adhesión de los altos cargos a la causa del partido. No importa que no exista un hecho relevante del que informar a los ciudadanos, ni que la inactividad de alguna Consejería se disimule con la lectura de cualquier folleto publicitario, ni que los comparecientes confundan los mensajes oficiales con groserías vulgares; la aplicación del manual de gestión de la comunicación del Ayuntamiento sólo pretende deformar la imagen negativa y parásita de los altos cargos y convertirlos en audaces y comprometidos directivos públicos, y, también, sustituir la visión de una descomunal y pesada burocracia política en una moderna y eficaz organización al servicio de los melillenses.

Sin embargo, este montaje corporativo y estético se viene abajo cuando, como ayer, suben al escenario Cristina Rivas, Esther Donoso y Guillermo Merino. Sólo faltaron María Antonia Garbín, Guillermo Frías y Javier Mateo.

Y es que aquí una imagen es el reflejo exacto de unas pocas palabras.

20/10/2008, lunes
Política y matemáticas

La política melillense es como un repaso a una lección de matemáticas. Aquellos que no comprendieron los secretos de la combinatoria es seguro que habrán aprendido con extraordinaria facilidad a resolver cualquier problema de variaciones con repetición porque la actividad política local es una forma de agrupar y exponer algunos de los asuntos habituales (transporte, autonomía, plus de residencia, maltrato económico a Melilla), de los actuales (campo de golf, inundaciones) y de los oportunistas (cheque-bebé) sin importar que se repitan tantas veces como sea posible.

Por eso hoy se despachan otra vez los medios con el tema recurrente elegido por el PP para acreditar su progresismo social, su solidaridad con los inmigrantes y, por supuesto, su radical aversión a cualquier acción del gobierno socialista. Según refiere el Melilla Hoy (Ver noticia en el diario Melilla Hoy), Juan José Imbroda manifestó que “se ha prohibido a los españoles que se enamoren de una extranjera si quieren recibir los 2.500 euros de ayuda” por el nacimiento de cada hijo. Sin duda, como nuestro alcalde-presidente es un romántico soñador que ya no cree en los matrimonios de conveniencia ni en el efecto llamada, es oportuno reproducir este lánguido lunes la reflexión que el residente sin descuento consignó el pasado 9 de septiembre con el expresivo título de “La demagogia del cheque-bebé”:

“El año pasado se aprobó la norma que reconocía una ayuda de 2.500 euros por nacimiento o adopción de un hijo que el PP calificó de “cheque-voto” por su supuesto carácter propagandístico y electoralista. La Ley 35/2007, de 15 de noviembre, por la que se establece la deducción por nacimiento o adopción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la prestación económica de pago único de la Seguridad Social por nacimiento o adopción (¡así se llama!) estableció que las madres beneficiarias cumplieran el requisito de residir de forma legal, efectiva y continuada en territorio español durante al menos los dos años inmediatamente anteriores al hecho del nacimiento o la adopción.

O, lo que es más probable, ambas cosas”.

Mañana se planteará otro ejercicio combinatorio. Es pura matemática.

19/10/2008, domingo
La semana judicial

Esta expresión no indica que se hayan repetido durante los últimos días las rutinarias jornadas jurídicas de la UNED a la que están abonados algunos de los profesionales del derecho más arribistas de la ciudad. Ni trata de un anuncio publicitario que, como el de los grandes almacenes, sugiera fantásticas rebajas en las multas y penas privativas de libertad impuestas por los tribunales melillenses. Ni tampoco significa que el Ayuntamiento haya decretado la celebración de un prolongado homenaje oficial a los estoicos y presionados profesionales de la Administración de Justicia.

El título no alude a conferencias, promociones o reconocimientos públicos sino a las sucesivas noticias que han sobresaltado el espíritu indolente de los melillenses. Primero fue la publicación de la relación detallada de abogados que próximamente serán procesados por acusarles el Ministerio Fiscal de haber cometido los delitos de malversación de causales públicos, falsedad en documento oficial y estafa. Después nos enteramos que el magistrado suplente de la Audiencia no se había abstenido de intervenir en una resolución que afectaba al marido de su prima hermana. Más tarde supimos que la ex delegada de Hacienda había sido condenada a cuatro años de prisión. A continuación la prensa nacional informó que el magistrado Baltasar Garzón había abierto una causa judicial contra el franquismo en la que investigaba las desapariciones y asesinatos cometidos a partir de 1936 en todo el territorio nacional y, también, en Melilla. Y, por último, ayer leímos que Francisco Ramírez Herves está siendo investigado por el Consejo General del Poder Judicial por supuestas irregularidades advertidas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva.

Este juez estuvo destinado en Melilla en los convulsos años de la judicatura local (2003-2004) y, según refiere el Correo de Andalucía (ver diario El Correo de Andalucía), fue objeto de la atención del órgano de gobierno del poder judicial “por perder un expediente sobre un importante caso de tráfico de drogas”. Es seguro que algunos abogados no le olvidan.

Ni, por supuesto, muchos melillenses olvidarán esta larga semana judicial.

18/10/2008, sábado
La irresponsabilidad política

Esta expresión no alude a la insensatez o atrevimiento de nuestros políticos en el desempeño de sus cargos sino a la imposibilidad práctica de exigirles que respondan públicamente de su gestión equivocada e incompetente. La responsabilidad política se diferencia de la responsabilidad jurídica en que la primera no deriva de actos ilegales, descansa en criterios de oportunidad y su finalidad es subordinar los actos de los políticos al servicio público, y, por el contrario, la segunda nace como consecuencia de un acto ilícito, se inspira en criterios de legalidad y su finalidad es sancionar al culpable y reparar un daño.

Esta distinción nos permitirá exigir la responsabilidad política y la renuncia o cese del alto cargo honrado y bienintencionado pero incapaz e ineficiente, y, asimismo, depurar la responsabilidad jurídica y condenar al político eficaz y resolutivo pero corrupto y prevaricador.

En España existe una interesada inclinación a confundir ambos conceptos o a vincular la responsabilidad política a la previa exigencia de la jurídica mediante dos vías: amparar actuaciones políticamente calamitosas en dictámenes técnicos o informes jurídicos y subordinar la dimisión o destitución a una previa resolución judicial condenatoria. Y, en Melilla, ni por esas.

Si ni siquiera el incendio de un almacén de productos farmacéuticos hizo que se cuestionara la concesión de una licencia de apertura de este establecimiento en un edificio de viviendas, o que dos sentencias condenatorias por la indebida persecución a sendos funcionarios (Inés Urdiales y Mustafa Al luch) influyeran en la carrera política de los correspondientes consejeros de Educación y de Seguridad Ciudadana, resulta inimaginable que la accidentada y polémica construcción del campo de golf ni las sucesivas riadas en la ciudad –no sólo en la Plaza de España- puedan generar finalmente alguna responsabilidad política de los consejeros competentes –es un decir- y de su superior inmediato.

Y nadie es capaz de romper este muro de indiferencia e irresponsabilidad que, por cierto, es tan sólido e impermeable como el que rodea la base militar y, según Imbroda, provocó la inundación de Huerta Salama (ver noticia en el diario Melilla Hoy). Que el Ayuntamiento concediera la licencia y no previera sus efectos no tiene importancia.

17/10/2008, viernes
Los abogados no jugarán al golf

La actualidad informativa es una simple cuestión de intereses, favores y trapicheos. Una de las noticias más importantes para la sociedad melillense es el procesamiento de cuatro abogados –uno es miembro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados- y un secretario judicial y, sin embargo, la cadena SER difunde a nivel nacional que Aviación Civil ha ordenado a la Ciudad que deseque los estanques del campo de golf.

No hay que estar subvencionado por el Ayuntamiento o amparado por un convenio publicitario para sospechar que el PSOE filtró esa noticia a su emisora favorita –peninsular, por supuesto- para provocar una polémica política cuyo final parece que ha adelantado Dionisio Muñoz al revelar que la Dirección General de Aviación Civil no autorizó la construcción de la instalación deportiva y, por tanto, no se podrá jugar al golf (Ver nota de prensa en melillense.net).

La respuesta de Imbroda a esta información socialista no estuvo a la altura de su genio político y temperamento volcánico. Y es que nuestro alcalde-presidente debe de andar algo bajo de defensas porque no solicitó la encomienda de la gestión del aeropuerto o, subsidiariamente, la suspensión del tráfico aéreo con Melilla o, en última instancia, que, por su seguridad, se metieran los aviones por la pista trasera.

El artículo 3 del Real Decreto 2634/1981, de 2 octubre, que establece las servidumbres del aeropuerto de Melilla, dispone que no podrán autorizarse construcciones, instalaciones o plantaciones en los espacios y zonas prefijados sin previa resolución favorable del Ministerio de Fomento. Por tanto, las tres sencillas explicaciones que debiera dar Imbroda son las siguientes:

a) Si el campo de golf afecta a las servidumbres aeronáuticas.

b) En caso afirmativo, si se solicitó la preceptiva autorización ministerial.

c) Si no se solicitó este permiso o no se obtuvo una resolución favorable, por qué se iniciaron las obras.

Todas las declaraciones y justificaciones de los miembros de Gobierno que no aclares estos tres interrogantes son operaciones de distracción y pura demagogia. En cualquier caso, creo que se trata de una programada y carísima maniobra socialista para poner en evidencia una supuesta negligencia del Ayuntamiento. Sin embargo, no creo que hubiera sido necesario esperar a que se gastaran los 2,4 millones de euros para denunciar la presunta violación de una servidumbre aeronáutica

16/10/2008, jueves
Los ideales autonómicos

Un estudio de antropología autonómica práctica permite clasificar a los melillenses en tres grupos: los populares que reivindican el autogobierno porque el Estado es dirigido actualmente por los socialistas, los socialistas y cepemistas que rechazan la autonomía porque el gobierno local es popular y los que pensamos que la acumulación de poder en una sola instancia política provocará abusos administrativos, fenómenos de corrupción, clientelismo político y, finalmente, la extinción de Melilla como ciudad occidental.

La dinámica partidista está favoreciendo parcialmente la tesis de los terceros porque mientras el Estado y el municipio no sean gobernados por el mismo partido no se producirán transferencias de más competencias ni, mucho menos, se dotará de autonomía política a la ciudad. Y cuando ambas Administraciones son controladas por un solo partido, nadie se acuerda de la urgencia vital del autogobierno para los ciudadanos y tampoco se traspasan funciones estatales porque éstas son efectivamente controladas y ejercidas por los políticos locales.

Y es que las modernas concepciones autonómicas o segregacionistas no se inspiran en principios ideológicos, compromisos morales y valores de servicio público sino en un puro interés, una ambición desorbitada y una insaciable ansia de poder personal. La prueba de este profundo pensamiento autonomista la proporcionó el portavoz del Consejo de Gobierno. Según Daniel Conesa, el convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo e Inmigración para la participación de la Ciudad de Melilla en funciones y servicios correspondientes a las políticas activas de empleo (Documento en pdf en el servidor del BOE) no supone un aumento del autogobierno –léase poder, prerrogativas e influencias locales- porque, básicamente, el Ministerio de Administraciones Públicas ha denegado la propuesta de la Ciudad Autónoma para cesar a los directores provinciales del Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE) y el IMSERSO al no haberse activado aún el mecanismo de sustitución pactado (Ver noticia en el diario Melilla Hoy).

El argumento de Conesa es sorprendente. Se gozaría de más autogobierno y las políticas (léase planes) de empleo serían más eficaces porque el Ayuntamiento propondría al funcionario titular del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla a pesar de que seguiría dependiendo orgánica y funcionalmente del Ministerio, estaría sometido a las instrucciones de éste y no mantendría ninguna relación de servicio con el Ayuntamiento.

Es probable que para el consejero de Economía el poder sólo sea información. Y, eso sí, se iba a enterar de todo.

15/10/2008, miércoles
El efecto gaviota

El efecto mariposa es una manifestación de la teoría del caos e implica que una mínima variación en un sistema complejo puede ocasionar resultados imprevisibles en otro espacio y lugar. El nombre de este fenómeno alude gráficamente a que la pequeña perturbación del aleteo de una mariposa en Pekín es susceptible de provocar una tormenta en Nueva York.

Sin embargo, la compleja amplificación de las consecuencias de un suceso en el sistema caótico melillense recibe el nombre de “efecto gaviota” porque cualquier dato aparentemente aislado, hecho supuestamente causal o movimiento hipotéticamente imprevisto trasciende su ámbito original para provocar efectos políticos y municipales.

El diario Melilla Hoy conmocionó el domingo a la ciudad al descubrir la identidad del funcionario judicial y los cuatros abogados acusados de los delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa por los que el Ministerio Fiscal solicita condenas de varios años de prisión (Ver noticia en el diario Melilla Hoy). Y esta mañana nos vuelve a sorprender con la noticia de que el magistrado suplente de Audiencia Provincial en Melilla, Diego Giner Gutiérrez, ha intervenido en este procedimiento penal al dictar resoluciones que afectaban al marido de su prima hermana cuando éste también tuvo la condición de imputado por los mismos delitos atribuidos a su madre y demás colegas de profesión (Ver noticia en el diario Melilla Hoy).

El “efecto gaviota” producido por estas revelaciones obliga a intervenir a la oposición y exigir la investigación de las circunstancias que determinaron la contratación del secretario judicial por una empresa con sustanciosos intereses económicos en nuestra ciudad cuando fue excarcelado provisionalmente, así como la permanente vinculación contractual de Diego Giner Gutiérrez con el Ayuntamiento a través de la Escuela de Seguridad Pública.

Obviando por ahora el examen de la primera relación laboral, interesa destacar respecto a Diego Giner Gutiérrez que se trata de un licenciado en derecho que actúa como suplente de los magistrados de la Audiencia Provincial y, además, es el coordinador de Formación de la Escuela de Seguridad. Pero, sin duda, el dato más sorprendente de la relación de Giner con el Ayuntamiento es que la fórmula jurídica aplicada para diligenciar su nombramiento permite eludir los principios de mérito y capacidad en el acceso a la función pública y garantiza su compatibilidad con sus esporádicas sustituciones judiciales. Y es que Diego Giner no es funcionario interino ni personal laboral, sino que mantiene una relación de servicios en virtud de un contrato administrativo que no precisa cumplir incómodos trámites de publicidad y concurrencia, sino que basta de la simple designación o nombramiento por la autoridad competente.

Aunque la legislación de contratos de las Administraciones Públicas autoriza esta clase de contratos para la prestación de actividades docentes en centros públicos en forma de cursos de formación o perfeccionamiento de los funcionarios, no puede admitirse que, en lugar de aplicar esta técnica para contratar conferenciantes o ponentes que los imparta, se utilice para nombrar sine die a un coordinador de Formación o para ocupar cualquier otro puesto estructural.

En física, éstos serían los efectos de los sistemas caóticos. En política, también. Y algo más.

14/10/2008, martes
Transparencia y eficacia

En política también hay modas. Y éstas pueden afectar a una persona, a una idea o a una tontería. La última tendencia para la temporada de otoño-invierno consiste en proponer la creación de comisiones de transparencia en lugar de las decimonónicas e inútiles comisiones informativas o de control y fiscalización de la actividad gubernamental. Se trata de un nombre inventado en los países sudamericanos para denominar a los organismos de consulta, participación y vigilancia de las Administraciones Públicas, cuya creación ha sido propuesta en España por la secretaria general del PP para controlar el fondo de 50.000 millones anunciado por Zapatero para superar la crisis financiera, y en Melilla por el secretario de Política Autonómica y Municipal; Gabriel Jiménez, para verificar el destino de los “miles de millones” gestionados por el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria (Ver nota de prensa en melillense.net).

Hasta hace unos años nadie refutó la verdad universal revelada por Winston Churchill: si quieres que algo sea hecho, nombra un responsable, y si quieres que algo se demore eternamente, nombra una comisión. Y es que el político británico no conoció al responsable de la Autoridad Portuaria de Melilla y las obras de su estación marítima para desmentir la primera parte de su aserto. La segunda sigue vigente.

13/10/2008, lunes
Calentando banquillo

Ayer la primera página del Melilla Hoy (Ver noticia en diario Melilla Hoy) sorprendió a la ciudad con una noticia que El Periódico Melillense ya había divulgado sin detallar los supuestos hechos delictivos, las penas solicitadas y las circunstancias personales de los abogados acusados de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y estafa. Y es que la estricta ética profesional del director de El Periódico Melillense es el motivo de que la información publicada por este diario digital del conocido “caso de las fianzas” haya sido tan concisa y superficial, porque para aquél nadie debiera ser sometido a la pena del banquillo y estigmatizado socialmente antes de ser condenado.

Como en otras muchas cuestiones, no estoy de acuerdo con Miguel Gómez Bernardi ni con sus extremados remilgos deontológicos. Quizás hubiese sido muy precipitado anunciar la identidad de los abogados imputados durante la instrucción de un procedimiento judicial que podría haber concluido anticipadamente mediante su sobreseimiento. Sin embargo, en este proceso los cuatro letrados y el secretario judicial han sido formalmente acusados de la comisión de unos graves delitos y la Audiencia Provincial ha ordenado la apertura de un juicio oral contra ellos. Por tanto, me parece que el diario Melilla Hoy ha cumplido una exigencia ineludible del periodismo y observado un aspecto esencial de su función social al informar exhaustivamente a los melillenses de un suceso con una extraordinaria repercusión en nuestra ciudad y allende los mares.

El pasado día 26 de septiembre este diario de un residente sin descuento avisó de la inminente celebración del juicio y del “sentimiento generalizado en el poder judicial y en la abogacía de que realmente se trata de un proceso a un modelo de Administración de Justicia que mantuvo a Melilla fuera de los límites del Estado de Derecho”. Y ahora que se han difundido los nombres de los acusados, el sentimiento se ha transformado en una convicción.

12/10/2008, domingo
Bufé y barra libres

En contestación a una pregunta formulada en el último pleno de control que el Gobierno se negó a contestar en la Asamblea para no abrir el apetito a la oposición, el pseudoejecutivo local ha remitido a CpM una sabrosa nota anunciándole que este año se han gastado oficialmente 215.535,53 euros en banquetes con más de cien invitados (Ver noticia en el diario Sur), sin que conste en la información publicada si aquella cantidad incluye también las correspondientes al IPSI, las propinas y una luna de miel en la pensión Sevillana de la calle Mar Chica. Pero como es seguro que el último servicio no ha sido facturado porque no se ha celebrado este año ninguna boda de la Ciudad-Estado, la minuta en términos forenses reviste los caracteres de ser carísima.

Esta apreciación es el resultado de comparar la generosa contribución del Ayuntamiento a la hostelería local con la tacaña aportación que Eduardo Zaplana destinó a idénticos fines cuando fue ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. El diario El País publicó el año pasado en formato de escándalo nacional los variados gastos gastronómicos que el político del PP cargó al presupuesto de su Departamento (Ver noticia en el diario El País):

“Igual pasaba facturas, sin mayor detalle, de una comida tras su toma de posesión por 1.440 euros en el restaurante madrileño Horcher, o en el club Siglo XXI por 600 euros, que presentaba una exhaustiva relación de justificantes para que le devolvieran el dinero que había donado en mesas petitorias por causas benéficas (Cruz Roja, lucha contra el cáncer, etcétera). Pormenorizaba el fin de la cuestación, la ubicación de la mesa, quién la presidía (su esposa, la del ex ministro de Agricultura, la del ex alcalde, una infanta real, etcétera), y el monto que había entregado de su bolsillo y pedía recuperar (de 60 a 120 euros, máximo correspondiente a la mesa de su esposa). Igualmente, durante 2003 y 2004 pasó decenas de facturas de gastos de la cesta de la compra -al margen de los catering que contrató por 22.000 euros para sus comidas oficiales- con destino al pabellón ministerial por más 5.000 euros. Cada ticket de compra -siempre de importe casero y abonado en tiendas cercanas al ministerio y a su domicilio- registraba hasta el menor detalle: chicles Trident, 0,55 euros; Danissimo, 1,89; galletas Kely, 1,43; apio, 1,30; cuajada oveja, 4,50; helados Haagen-Daaz, 5,35; bocata seis cereales, 1,32; champiñón, 1,86; ketchup, 1,15; lentejas, 1,29; membrillo, 1,24; pasta Buitoni, 1,77...”

Si a alguien le parece sorprendente esta noticia, la publicada por el Sur y otros medios locales sobre las cuchipandas financiadas por el Ayuntamiento debe de haberle producido convulsiones. Pero el infeliz ex ministro es distinguido perversamente por su miserable actividad culinaria durante dos años -27.000 euros- cuando nuestro Ayuntamiento gasta en comidas colectivas 215.535,53 euros en sólo nueve meses sin que haya merecido un comentario crítico –por el injustificable dispendio- o laudatorio –por matar el apetito de tanta gente- de los profesionales de la opinión.

Sin conocer todavía el importe de las comidas oficiales y de los ágapes de menos de cien personas, parece que las Naciones Unidas investigan si Melilla es la primera ciudad del mundo que erradica el hambre o la que tiene a la gente con más hambre del mundo.

11/10/2008, sábado
Caciquismo insoportable

Aunque unos no lo entiendan, a otros les desconcierte y a muchos les indigne, me llamo Javier Alcalde porque no soy periodista, no vivo de difundir mis opiniones y constituye un excelente remedio freudiano para liberar ciertas ideas e impulsos reprimidos. Y, además, el uso del pseudónimo me evita soportar presiones externas, exime a mi familia y amigos de inoportunas molestias y provoca una más íntima complicidad con los generosos seguidores que me abruman con estimulantes halagos o los inflamados lectores que satisfacen su tendencia masoquista curioseando en las páginas de este diario de un residente sin descuento.

Si también Mariano José de Larra hubo de recurrir a los heterónimos de Andrés Niporesas, El Bachiller Juan Pérez Murguía y Fígaro para expresar su inconformismo en sus despiados artículos satíricos, no creo que sea inexcusable que un discreto melillense exprese pública e insolentemente algunos conceptos e impresiones coincidentes con las de muchos otros conciudadanos.

Tampoco se puede olvidar que los escritores que más fomentaron la lectura de los españoles en la segunda parte del pasado siglo escribieron sus obras con anglófonos seudónimos. Y se me antoja que también contribuyeron a mejorar su formación humana y social. Aunque ya pertenecía a un desprestigiado género en irremisible decadencia, las novelas del oeste descubrieron a muchos adolescentes de mi generación los valores individuales, morales y heroicos en un mundo injusto, cruel y conflictivo. Silver Kane (Francisco González Ledesma, abogado y escritor), Keith Luger (Miguel Oliveros Tovar, funcionario municipal) o Clark Carrados (Luís García Lecha, funcionario de prisiones) fueron algunos de los ilustres profesores que nos impartieron entonces un máster en educación para la ciudadanía porque nunca llegamos a conocer sus patrióticos nombres y sus triviales ocupaciones.

Sin embargo, el simbólico título de este comentario es también el de una novela del único autor que nunca ocultó su identidad a pesar de su anterior empleo de general de artillería del ejército republicano: Marcial Lafuente Estefanía. Fue el más grande pedagogo de una época.

Y aquí intentamos aplicar su doctrina.

10/10/2008, viernes
A los que comercian con las palabras

Dicen que por una apuesta Quevedo fue el único que se atrevió a decirle a Isabel de Borbón, la primera esposa de Felipe IV, que era coja. Se acercó a la Reina con una rosa y un clavel y se las ofreció cortésmente: “Entre el clavel y la rosa, su Majestad escoja”.

Este calambur viene a cuento de las circunstancias en que se desarrolla en Melilla el ejercicio del periodismo y la dificultad que padecen algunos para exteriorizar una opinión disidente del pensamiento oficial. Si un investigador ajeno a la realidad política melillense tuviera la necesaria fortaleza mental para leer los editoriales de los periódicos melillenses de los últimos ocho años llegaría a la conclusión de que en la ciudad se ha impuesto un estado de excepción. Ni El País o La Razón han sido, respectivamente, tan complacientes, obsequiosos y aduladores con el gobierno socialista y la oposición popular. Aquí ni siquiera hace falta disimular.

El lunes 29 de septiembre el noticiero de la televisión municipal se interrumpió súbitamente. No consta que los motores de ENDESA se hubieran gripado o que el correspondiente centro de transformación de GASELEC se calentara por orden de su consejero delegado y propietario de una competidora cadena de televisión por cable. Tampoco hay evidencias de que la locutora sufriera una repentina afonía. No se produjo un apagón eléctrico ni nadie padeció una inoportuna ronquera. Algunas explicaciones increíbles sugieren que el marido de la viceconsejera que anota los tiempos de presencia de los políticos advirtió que los miembros de los partidos de la oposición habían superado el límite admisible y una oportuna llamada telefónica ordenó silenciar radicalmente la descontrolada emisión televisiva.

Es posible que esta historia -real o imaginada- se fije para siempre en el inconsciente colectivo de la ciudad como se grabó en la memoria mitológica de España aquel inexistente parte meteorológico que nunca provocó el cierre de revista satírica La Codorniz durante el régimen franquista: “Reina en toda España un fresco general procedente de Galicia”.

Y es que en situaciones de libertad controlada proliferan las leyendas, los relatos orales y la ironía. Es la única forma de combatir los abusos.

9/10/2008, jueves
El tiempo detenido en la Plaza de España

Irene Flores ha sido la mejor periodista que ha escrito en Melilla y ahora es la periodista que mejor escribe en Melilla. Este retruécano no es una feliz ocurrencia o una ingeniosa desconsideración a la periodista más influyente e inteligente de los medios de comunicación de nuestra ciudad. Se trata simplemente de la personal visión que un cantaor de peteneras (ver comentario del día 1 de agosto) tiene de una profesional enfrentada a diario con una clase política vulgar e histriónica orgullosa de su posición y supremacía sociales.

Irene Flores anunció ayer el fin de sus vacaciones con un magnífico artículo rebosante de melancolía y pesimismo que advertía de que “de vueltas de un viaje, Melilla siempre se ve con el reloj parado” (ver artículo en el diario El Faro). Esta percepción de ciudad atrasada y detenida en el tiempo es una constante de todos los que visitan o regresan a Melilla que, sin embargo, parece disiparse de todos los residentes a las pocas horas de leer un periódico, escuchar a un alto cargo municipal o aturdirse con la narcótica atmósfera local. Incluso algunos llegan a creerse que viven el paraíso.

Irene Flores atribuye este aletargamiento a la endogamia, personalismos, revanchismos y clientelismo propios de la sociedad melillense, olvidando que estos comportamientos son el síntoma de un profundo trastorno que ha esterilizado nuestra tierra: la mediocridad.

Un mediocre se caracteriza por su incapacidad para concebir un ideal, una perfección, la excelencia. Y, como es evidente, aquí unos pocos sólo aspiran a figurar y otros muchos a que no lo desfiguren.

Menos mal que algunos escapamos de la mediocridad durante unos minutos leyendo la columna de opinión de Irene Flores.

8/10/2008, miércoles
La estructura municipal de un partido político

Con su habitual precisión gramatical, rigor científico y profundidad técnica, Juan José Imbroda ha calificado el proyecto de presupuestos generales del Estado de “engañabobos” (Ver noticia en diario Sur). Este académico dictamen económico no es la valoración de un destacado dirigente del PP de Melilla o del titular del prestigioso Bribón de Oro de 2005 o del hermano honorífico de la Hermandad del Rocío, sino que se trata de la consigna urbi et orbe proclamada por el alcalde-presidente de Melilla desde su púlpito oficial.

En nuestra ciudad la política se inspira en un pésimo guión de un programa de telebasura. Las groserías del político de guardia ya no constituyen una primicia informativa o una agresiva agudeza sino que descubren los supremos argumentos alumbrados por un concierto de inteligencias autonómicas. Ni tampoco a estas alturas las reincidentes agresiones institucionales de los cargos políticos municipales contra la Administración General del Estado provocan algún efecto electoralista o comercial sino que encubren el agotamiento de un régimen de gobierno totalitario y atosigante.

Y es que no se trata de que el Ayuntamiento incumpla reiteradamente el artículo 4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas que obliga a éstas, en virtud del principio de lealtad institucional, a respetar el ejercicio legítimo por otras Administraciones de sus competencias, sino de que, extendiendo extraordinariamente su sectarismo, Imbroda ha puesto la corporación municipal al servicio de un partido.

El Estatuto de Autonomía reconoce a nuestra ciudad la posibilidad de ejercer la iniciativa legislativa. Pero esta facultad está reservada a la Asamblea, que, si lo considera oportuno, podrá solicitar del Gobierno la adopción de un proyecto de Ley o remitir a la Mesa del Congreso una proposición de ley, delegando ante dicha Cámara un máximo de tres concejales encargados de su defensa. Por tanto, ni el presidente ni el Consejo de Gobierno están habilitados para plantear una iniciativa legislativa que, además, en el caso de los Presupuestos Generales del Estado, corresponde exclusivamente al Gobierno de la Nación.

Pero la intensa confusión entre Ayuntamiento y Partido Popular supera cualquier obstáculo estatutario o constitucional. La Ciudad ha puesto su organización económico-administrativa a disposición de PP para que sus parlamentarios enmienden las inversiones proyectadas por el Estado en Melilla. Aunque la injerencia municipal en el ejercicio de competencias estatales es una práctica consolidada en la Administración melillense, la subordinación de ésta a los intereses de un partido significa una vuelta de tuerca en el proceso de politización de una entidad obligada a servir con objetividad los intereses públicos.

Esta perversión administrativa sería más fácil de advertir si el ministro de Hacienda hubiese ordenado a los miembros del Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas que revisaran el proyecto de presupuestos de la ciudad para determinar su insuficiencia inversora en materia obras municipales y limpieza urbana. Y, aún más, si el presidente del Gobierno hubiera convocado un Consejo de Ministros monográfico para preparar las enmiendas a presentar por los concejales socialistas.

Pues esto ha hecho Juan José Imbroda con los Presupuestos Generales del Estado (Ver noticia en infomelilla.com). Y esta vez no ha sido sólo otra indebida intromisión en los asuntos de la competencia de otra Administración Pública, sino que ha puesto un ayuntamiento al servicio de la política de oposición del PP contra el Gobierno de España. Pero lo grave no es esta identificación de un interés partidista con un interés general o comunitario, o la pretensión de convertir la estructura administrativa de la corporación en una extensión del aparato del partido, o que todos los melillenses financien una obsesión antisocialista.

Lo realmente preocupante es que lo hace sin esconderse. Y no pasa nada.

7/10/2008, martes
Suum cuique tribuere

En este diario se consignan unas opiniones habitualmente críticas y mordaces sobre la sociedad política melillense. Y aunque me puedo equivocar en la valoración de las personas y de los hechos, mis juicios son bienintencionados, intrascendentes y molestos porque, respectivamente, no encubren ninguna perversa ambición y se inspiran en una noble preocupación por mi tierra, sólo aspiran a entretener y me sirven de terapéutico desahogo.

Hay una diferencia esencial entre la opinión y la información. La primera emite juicios de valor y la segunda juicios de hecho. En el comentario del pasado domingo sobre el optimismo de los socialistas melillenses opiné que en política nadie era inocente e informé sobre la participación de Dionisio Muñoz en la tramitación de la jubilación política anticipada de Manuel Céspedes. Y aunque el juicio de valor es absolutamente cierto, el juicio de hecho resultó manifiestamente inexacto porque cometí un lapsus calami, que, lingüísticamente, siempre es más eufónico y disculpable que una metedura de pata.

El gestor que presumiblemente cumplimentó el retiro político de Céspedes fue, entre otros, Julio Basset Patricio. Y estoy moralmente convencido que Dionisio Muñoz conoce la biografía de este miembro de su ejecutiva. En cualquier caso, esta información es ahora un simple dato anecdótico porque todos los partidos atraviesan periodos convulsos y situaciones críticas que suelen resolverse con el nacimiento de un liderazgo sólido y unificador que pone fin, como afirmó otro que se equivocó, a las “hostialidades”.

Y parece obvio que, igual que Imbroda en el PP, Dionisio Muñoz es el único líder incuestionado del PSOE con licencia para mandar.

6/10/2008, lunes
Los catetos autonómicos

El Estado de las autonomías fue la desproporcionada respuesta política a un conflicto territorial que sólo planteaba Cataluña y el País Vasco. La infeliz ocurrencia de aplicar a toda España la solución autonómica ha provocado la extensión del problema a las regiones que nunca tuvieron ninguna inquietud nacionalista, regionalista o de cualquier otra índole telúrica.

Este movimiento centrífugo ha adquirido una intensidad tan peligrosamente disgregadora que también ha sacudido a nuestra ciudad convirtiendo a los antiguos melillistas de salón en renovados autonomistas de despacho y mostrador. Y es que aquí la reivindicación autonomista es básicamente una función administrativa, una noción burocrática, la ilusión del vividor dependiente de los presupuestos municipales.

Solo así se comprende la obsesión política de anteceder al nombre de Melilla la denominación de “Ciudad Autónoma”. Esta expresión es una alegoría de la ciudad, un concepto alegal, una ampulosa ficción utilizada para reforzar gramaticalmente la conversión política de los concejales en diputados y del alcalde en presidente o personaje celestial. Pero el abuso de la locución provoca situaciones realmente ridículas. Aunque pueda consentirse su empleo para personificar a la Administración Pública local o a su organización administrativa, resulta esperpéntico agregar la categoría de “Ciudad Autónoma” cuando nos referimos a Melilla como población o entidad territorial. Hay que ser un gran cateto funcional o un independentista de manual para decir que se viaja al Estado español o la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando se entra en España o en Andalucía.

Por eso yo soy capaz de vivir en Melilla sin vivir de la Ciudad Autónoma. Pero hay algunos que sí son autonomistas.

5/10/2008, domingo
El optimismo de los socialistas melillenses

Todos los que asistieron al XI Congreso del PSOE creen sinceramente que ayer se reeligió como secretario general al futuro alcalde-presidente de Melilla. Y posiblemente sea cierta esta optimista intuición de los socialistas melillenses si la generosidad política de Mustafa Aberchán asciende al mismo nivel que su aborrecimiento hacia Juan José Imbroda. Porque en Melilla la política se ha convertido en un asunto íntimo, en una cuestión sentimental, en una planificada operación de desagravios personales y desquites despiadados preparada para activarse en la noche electoral que Imbroda o el PP pierdan el poder municipal. Y quizás para siempre.

Dionisio Muñoz se parece mucho a Imbroda porque ambos son el resultado de la programada administración de una ambición. Si en la extensa vida municipal de Imbroda constan numerosos episodios que acreditan su carácter implacable e inmisericorde con quienes obstaculizaron su carrera a la presidencia, la corta biografía pública de Muñoz ya consigna como despacha los problemas que interfieren sus aspiraciones políticas. Ningún socialista decente puede olvidar las maniobras que intrigó en el 2004 para deshacerse de Manuel Céspedes. Éste presentó su renuncia a su escaño de concejal-diputado para ocupar la Delegación de Gobierno, pero, sorpresivamente, en el Boletín Oficial de Estado apareció el nombre de José Fernández Chacón.

Hoy, Dionisio Muñoz y José Blanco, los dos personajes que ejecutaron políticamente a Céspedes, se abrazarán y conjurarán para conquistar el poder en el 2011.

En política muchos son optimistas pero nadie es inocente.

(*) Ver comentario del día 07/10/2008

4/10/2008, sábado
El histerismo gubernamental

La histeria es un modo de reaccionar. Es la manera particular de vivir un malestar psíquico, de expresarlo, de comunicarlo a los demás. Y las conflictivas relaciones que el gobierno mantiene con la oposición parecen presentar los síntomas de una respuesta histérica. Las preguntas de los plenos de control, las críticas a la gestión de las consejerías, una apología del gobierno de la Nación, una queja por el deficiente funcionamiento de los servicios locales, cualquier opinión disidente es interpretada como una agresión. Es sorprendente comprobar que, estando sometida la Administración al control de los órganos políticos (Asamblea, comisiones) y de los ciudadanos (opinión pública), los concejales y vecinos opositores de Melilla parecen actuar en legítima defensa.

Y es que las réplicas gubernamentales son como descargas de fusilería. Ayer, por ejemplo, Imbroda mantuvo una inhabitual moderación dialéctica y gestual para afirmar “nos engañaron”, “fueron mentirosos”, “están tomando el pelo a los melillenses” y “el delegado del Gobierno también ha mentido”.

Los días que tiene más sentimiento e inspiración es capaz incluso de rimar sus exabruptos. Los buenos poetas románticos siempre fueron proclives a la exageración y al arrebato histérico.

3/10/2008, viernes
La política basura

El PP perdió las elecciones generales de 2007 porque los ciudadanos percibieron más negativa la gestión de la oposición que la del gobierno. Partiendo de una situación electoral extraordinariamente favorable como consecuencia de las primeros efectos de la grave crisis económica, la fracasada negociación con ETA, la deriva autonómica y el descrédito internacional de Rodríguez Zapatero, el Partido Popular no pudo convencer a los votantes que su opción ideológica o –lo que quizás sea más importante en la sociedad de la imagen- su actitud política eran más convenientes para España. Incluso pudo sufrir una histórica derrota que, finalmente, resultó el síntoma de la paulatina degradación del partido, cuando el PSOE estuvo a punto de obtener el diputado en Melilla.

Y, sin embargo, no se constata ningún propósito de enmienda. La visita del ministro de Trabajo e Inmigración ha puesto de relieve otra vez el indecente aprovechamiento político del Ayuntamiento por parte del PP. La corporación municipal ha renunciado a ejercer su función de Administración Pública al servicio objetivo de los intereses generales (art. 103.1 de la Constitución Española) para constituirse en una agresiva fuerza de choque contra el Estado. La estrategia de sabotaje y descrédito de las instituciones estatales quedó al descubierto definitivamente cuando Fernández Chacón fue nombrado delegado del Gobierno en Ceuta. Mientras estuvo ejerciendo el mismo cargo en Melilla fue acusado por la Ciudad Autóctona de bloquear la colaboración e inversiones estatales. Y, por el contrario, Chacón protestaba la indisposición de Imbroda a establecer una relación positiva y provechosa para Melilla. Pero la estrecha comunicación y sintonía existente entre el presidente de Ceuta y el delegado del Gobierno ha desenmascarado a los autores de este continuo atentado político a las instituciones.

Nadie sería capaz de imaginar que un delegado de Gobierno critique ferozmente el proyecto de presupuesto de un Ayuntamiento o que un concejal censure el programa económico del Estado para una ciudad por cuestiones ajenas a la financiación o recursos municipales. Pero en Melilla se ha producido una perversión de este elemental principio de respeto institucional por virtud de la masiva adulteración partidista de la Administración local.

Ayer, en el más puro estilo del nacionalismo radical antiespañol, Miguel Marín se invistió de vicepresidente del gobierno de la ciudad para arremeter otra vez desde una dependencia oficial contra el delegado del Gobierno por razones no concernientes a competencias o asuntos locales. Con más decencia política actuó Esther Donoso marchándose a la sede del partido para poner a vestir de limpio a Dionisio Muñoz.

Por cierto, creo saber el motivo del particular gesto de desagrado que asoma a su rostro cuando critica despiadadamente a sus adversarios: huele lo que habla.

2/10/2008, jueves
Fuegos de artificio

Aplicando los preceptos de la tradición cultural mediterránea que ordenan celebrar las fiestas y disponer del tiempo de recreo haciendo ruido y molestando a los demás, ayer Melilla se convirtió en la primera ciudad española que organiza un espectáculo pirotécnico para conmemorar la terminación del Ramadán. Aunque este hecho histórico no estaba previsto en la agenda de la poderosa e incorpórea Comisión de Festejos, las protestas de CpM por la insensibilidad de este vaporoso ente espiritual hacia la cultura musulmana determinaron al gobierno local a desmentir su presunta desafección a la causa islámica con el montaje de unos atronadores y coloridos fuegos artificiales. Totalmente artificiales.

Sin embargo, algunos despistados creyeron que los petardos eran la alegre despedida autonómica de Celestino Corbacho. Y es que otra vez las autoridades han maltratado a un miembro del gobierno español. Si nunca existió la lealtad institucional, si se ha perdido la educación política, si la función del protocolo municipal consiste exclusivamente en enaltecer la figura del alcalde-presidente del Ayuntamiento e incomodar al adversario político -real o imaginario-, si resulta tan molesta la presencia de las autoridades y agentes estatales en Melilla, la legítima respuesta de los altos cargos de la Administración General del Estado a este desprecio oficial del Ayuntamientos es corresponder al mismo trato. Ninguna cortesía obliga ya, por ejemplo, a ocultar las condiciones en que se presentaron dos representantes de la comunidad autóctona en un importante Ministerio. Pura reciprocidad.

Ayer otra vez la sala de prensa del Ayuntamiento se transformó en el púlpito del Partido Popular. El portavoz oficial de una Administración local volvió a ser un francotirador político. En un sobresaliente ejercicio de activismo y demagogia partidistas, Daniel Conesa arremetió contra el ministro de Trabajo e Inmigración porque éste criticó la negativa del PP a apoyar los anteriores presupuestos generales del Estado. Conesa es un reincidente irredimible porque representa a un presidente y a un Ayuntamiento que comete el vicio característico de los líderes y regímenes totalitarios: articular la Administración como una extensión del partido o viceversa. El criterio presupuestario del PP es asunto de partido que su dirigencia debe explicar a los ciudadanos desde su sede y no una cuestión municipal a comentar por un consejero desde el Ayuntamiento, salvo que, como parece inferirse de esta intromisión gubernamental, se pretenda mantener o elevar el nivel de enfrentamiento institucional.

Y cuando se den cuenta de su vacío, volverán a cargar contra el Estado a través del Plan Imbrodetxe.

1/10/2008, miércoles
Agua

Estos días hemos comprobado que la participación de Melilla en la Expo-2008 no respondía a ninguna preocupación por el agua y el desarrollo sostenible, sino al acomplejado interés de los gobernantes locales por simular que nuestra ciudad es una potencia autonómica y a la mezquina pretensión de los cargos municipales de disfrazarse de altos representante políticos. Aunque la aplicación del gasto público precisa de una justificación sobre su necesidad y destino, todavía nadie ha sido capaz de explicar públicamente a los contribuyentes cuanto costó levantar y mantener un pabellón en Zaragoza, a qué importe ascendió los desplazamientos y estancias de los miembros del gobierno y qué resultados y efectos positivos reportó a Melilla.

Es seguro que ni el presidente, los vicepresidentes, consejeros, viceconsejeros y directos generales que asistieron a la exposición universal por razón de sus excelsas responsabilidades no han hecho caso de la recomendación contemplada en la Carta de Zaragoza de emprender acciones para promover el desarrollo a partir de criterios de sostenibilidad y de respeto con la naturaleza y combatir el cambio climático y los fenómenos extremos. Y las recientes inundaciones demuestran la certeza de esta aseveración.

Aunque es obvio que éstas se han producido por el exceso de precipitaciones, también es verdad que el modelo urbanístico de desarrollo incontrolado y un gusto hipertrofiado por el hormigón han contribuido a que la ciudad se haya desbordado por el agua y la incompetencia.

Tiene razón la asociación Guelaya-Ecologistas en su denuncia contra la política urbanística que ha degradado a la ciudad a una gran plataforma de hormigón ( Ver nota de prensa de Guelaya).

Pero es lo que hay.

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